CON LA REFORMA TRIBUTARIA LOS RICOS LLORARÁN…PERO DE LA RISA

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

Un versión editada de este artículo fue publicada en Periferia Prensa Alternativa, Edición No 80, Enero - Febrero de 2013

Cuando el presidente Santos anunció en los medios de comunicación la nueva reforma tributaria, afirmó que los ricos llorarían con esta, lo que no nos dijo es que llorarían…pero de la risa, porque el análisis de distintos sectores académicos, políticos y de distintos sectores de opinión, coinciden en que esta nueva carta de Santos no es una reforma que apunta realmente a mejorar “la equidad y el empleo digno y estable”, como lo afirmaba él a un diario nacional. Por el contrario,  es una reforma que amplia los beneficios al capital nacional y transnacional,  vía reducción de  impuestos, sumándose a la gran cantidad de exenciones tributarias que estas reciben por invertir en el país, aunque esto no se traduzca en más ni mejor empleo.

Para entender la nueva reforma tributaria hay que apelar a los conceptos básicos de la hacienda pública: los ingresos que obtiene un Estado son de dos tipos, tributarios (impuestos) y no tributarios (utilidades de algunas empresas públicas, tasas y multas, rendimientos financieros y los ingresos por venta de licencias de explotación de nuestros recursos naturales). Respecto a los ingresos tributarios, es decir, los impuestos, son de dos tipos, los directos, que recaen sobre las rentas del trabajo y las ganancias y otros, como los que gravan la riqueza, la tierra, los bienes inmuebles y el patrimonio; y los indirectos, que son aquellos que gravan las transacciones de bienes y servicios, como los impuestos al consumo (que gravan la gasolina y las bebidas alcohólicas), los impuestos a las ventas (que gravan la ventas finales de los bienes y servicios), o los impuestos a las importaciones (arancel).

En este orden de ideas, lo que quiere hacer el gobierno de Santos con la nueva reforma tributaria es lo siguiente: hacer recaer una mayor parte de los ingresos del Estado sobre el aumento de los impuestos indirectos y disminuir los impuestos directos, mediante la disminución de la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas (entiéndase sociedades o empresas) y el aumento de los bienes y servicios gravados con el impuesto a las ventas (IVA). En otras palabras disminuir los impuestos a los de más altos ingresos y trasladarle la carga tributaria al ciudadano del común.

De esta manera, la nueva reforma tributaria es regresiva, ya que ahondaría el camino, que desde los 90´s, viene siguiendo la reforma neoliberal en materia fiscal, en donde cada vez pesa más en los ingresos del Estado los impuestos indirectos como el IVA que ya superan, a partir de 1994 según cifras del Ministerio de Hacienda, más del 45% del recaudo total de impuestos, mientras que el recaudo  por impuestos directos está por debajo de este monto.

La  reforma tributaria: un lobo disfrazado de oveja

Son varios elementos que hacen dudar de las buenas intenciones del gobierno Santos con dicha reforma.

Primero, la presentación de la nueva reforma tributaria “coincidió”, con varios informes en los distintos diarios nacionales especializados en temas de economía y finanzas, sobre la competitividad del país.  En esta se llegaba a la conclusión de que el país era poco competitivo, ocupando, según el índice de competitividad Doing Bussines, el puesto número 136 de 144 países del ranking, entre los cuales se contaban  a EEUU, Brasil, Nicaragua, Mexico, Chile y Argentina,  entre otros.  El énfasis de dichos informes se concentró en que Colombia registraba uno de los niveles más altos de tarifas de impuestos como porcentaje de las utilidades, muy por encima de los países antes mencionados  y que el impacto de dichos impuestos sobre los incentivos a trabajar e invertir era uno de los más bajos. Lo curioso de dichos informes es que no se hizo ningún énfasis en otros elementos que aparecían antes, que las tarifas de impuestos, como los primeros causantes de la falta de competitividad de Colombia según el mismo indicador, a saber, la corrupción, la ineficiencia en la burocracia del gobierno, la insuficiente infraestructura para el transporte de mercancías, la falta de acceso al financiamiento, y el crimen y el robo.

Si los anteriores factores pesaban más en la falta de competitividad del país que la tasa de impuestos, porque no se están tramitando proyectos de ley que apunten a superar dichas situaciones?, en donde están las acciones del Estado respecto a la corrupción? Y a la ineficiencia de la burocracia estatal, más conocida como clientelismo, que se ha hecho al respecto? Y los recursos para nuestras vías?. Nada, no se ha hecho nada, ni existe interés de hacerlo.

Otro elemento curioso es que las reformas tributarias se hacen generalmente para obtener más ingresos por impuestos, sobretodo en países como el nuestro, en donde los gastos del gobierno nacional han superado históricamente los ingresos, causando déficits fiscales recurrentes. Pero el gobierno, en palabras de sus ministros, le han dicho al país que con esta nueva reforma no quieren obtener más recursos, lo que es una contradicción en términos de política fiscal.

La reforma que actualmente tramita el gobierno consta de un total de 192 artículos que tocan, en general,  temas como la eliminación de las contribuciones parafiscales, el impuesto a la renta a las personas naturales o retención en la fuente, la reducción a los impuestos por ganancias ocasionales (herencias, ventas de activos, entre otros), la simplificación de las tasas de IVA , la reducción de algunas tarifas y la creación de otras, como el impuesto a los productos lujosos, el impuesto al “corrientazo” y a la medicina pre-pagada, la reducción en el precio de la gasolina y la creación de un nuevo impuesto llamado de “equidad”, para sustituir la eliminación de los parafiscales, de las cuales instituciones como el  SENA, el ICBF y el sistema de salud han obtenido sus recursos.

El impacto sobre el Sena, el ICBF y sistema de salud

Los puntos que más preocupan sobre la nueva reforma tributaria tienen que ver con la reducción de los impuestos a la renta de las personas jurídicas, es decir, a las empresas y las sociedades, que está acompañado de la eliminación de los parafiscales y la tarifa de impuesto que se cobrará a las personas naturales vía retención en la fuente. Preocupante, porque a leguas es claro que el gobierno quiere rebajar la carga tributaria a los más pudientes y descargar dicho peso sobre le común de los ciudadanos. Esto se refleja en el hecho de que las utilidades de las empresas seguirán gravadas con un 33 por ciento -correspondiente al 25 del impuesto de Renta y el ocho del impuesto para la Equidad, que reemplazará a los parafiscales-; pero dejarán de pagar los parafiscales que son el 13,5 por ciento de la nómina. Como el impuesto a la Equidad se pagará al final del año, mientras que los parafiscales se pagan mes a mes, las empresas también tendrán un alivio en sus pagos mensuales. Esto significa que finalmente el Sena, el ICBF y el sistema de salud recibirán menos ingresos, afectando su cobertura y la calidad en su servicio, aunque el gobierno insiste que por el contrario aumentaran, sin claridad de donde saldrán los recursos que perderán dichas entidades.

Por otra parte, el supuesto deseo del gobierno de reducir las exenciones en el pago de impuestos al gran capital no es sino una falacia,  ya que la reducción o eliminación de los beneficios tributarios exclusivos de las multinacionales o grandes empresas,  fueron estabilizados (congelados) hasta por 20 años mediante la suscripción de contratos de estabilidad jurídica. Todo esto logrará como objetivo, según lo ha manifestado el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “bajar los costos laborales, crear más empleo formal y las empresas que se han visto tan afectadas por la revaluación recuperarán la competitividad”, pero es de dudar que tal medida logre su objetivo porque, como la expresado el ex director de Impuestos, Horacio Ayala, "uno no puede crear empleos por decreto, sino por razones económicas". De igual manera opina el presidente de la SAC, Rafael Mejía, cuando ha señalado a los medios nacionales que “las empresas contratan más trabajadores cuando venden más y cuando a la economía le va bien, y no necesariamente porque bajen los parafiscales”.

El otro punto que hace pensar lo regresiva que puede ser la reforma tributaria tiene que ver con el pago del impuesto que se conoce como retención en la fuente. Respecto a este punto, el gobierno decidió ponerles límite a los beneficios que los trabajadores usan para disminuir el impuesto a cargo. Y por otro lado, se crea el llamado Iman (impuesto mínimo alternativo) una tabla que establece un piso para el pago de impuestos en el caso de los obligados a declarar renta. Esta medida hará que finalmente, lo que conocemos como clase media, tendrán que ir pagando un impuesto progresivo en la medida que aumente sus ingresos laborales. Respecto a esto, el senador Jorge Robledo, crítico acérrimo de los TLC´s y de la nueva reforma tributaria, ha manifestado que la reforma es regresiva, ya que “les disminuye en $8,06 billones los impuestos a las empresas más poderosas y para compensar los aumenta al pueblo raso y a las capas medias”.

De esta manera, la nueva reforma tributaria es regresiva, ya que ahondaría el camino, que desde los 90´s, viene siguiendo la reforma neoliberal en materia fiscal, en la cual cada vez pesa más en los ingresos del Estado los impuestos indirectos (los que pagan el común de los ciudadanos) como el IVA, que ya superan, a partir de 1994 según cifras del Ministerio de Hacienda, más del 45% del recaudo total de impuestos, mientras que el recaudo  por impuestos directos (los que pagan las sociedades y las empresas) está por debajo de este monto.

Por otra parte, no es una reforma que apunte a mejorar el empleo, ya que las reformas laborales neoliberales se han encargado de informatizarlo, a través de la disminución de las indemnizaciones por despidos y la contratación por servicios,  sino que va dirigida principalmente a aumentar la competitividad de las empresas colombianas por la vía de la reducción en la carga tributaria, ya que la presión que genera, en términos de competencia, la firma de los tratados de libre comercio con EEUU, Unión Europea y los que están en etapa de negociación, como son los que se quieren firmar con Costa Rica, Israel, Turquía, Panamá y Japón, es bastante fuerte.

Por último, contrasta las gabelas que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere dar a los empresarios del país con el bajo aumento que pretenden dar al salario mínimo en Colombia, ya que según un informe reciente de la OIT, el aumento de este, en los últimos 10 años, ha estado por debajo del promedio de América Latina, aumentando apenas un 1,3% en términos reales en comparación a un 3,4% del resto de la región; acompañado de “trabajos por debajo de la jornada normal, remuneraciones cercanas al mínimo y personas que se dedican a actividades diferentes a las que se formaron”, como lo afirmaba al diario la República el profesor de economía German Novoa de la Universidad Nacional, respecto al informe de la OIT.