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Por Carlos Gustavo Rengifo Arias
Entre las causas
estructurales que explican el problema del campo en Colombia y que las elites
económicas y políticas del país han desconocido históricamente, están el uso de tierra, la tenencia de la
tierra, y dentro de esta, la creciente extranjerización de este recurso, tanto
en Colombia como en el mundo, entendido esta como la compra de tierras
nacionales por parte de extranjeros.
El profesor Alejo
Vargas, de la Universidad Nacional, señalaba en su libro “Notas sobre el Estado y Políticas Públicas”, que en 1960 “la ganadería ocupaba el 90,3% de
la tierra agrícola y aportaba el 35,5% del valor del producto bruto
agropecuario; la agricultura, por su parte, ocupaba el 9,7% de la tierra y
aportaba el 64,5% del valor del producto”.
Según variados artículos recientes de la prensa nacional, actualmente
Colombia dispone de 114 millones de hectáreas, de las cuales 50, 91 millones de
hectáreas (cerca del 44,6%) del territorio pueden usarse para la agricultura.
Sin embargo, apenas 3,8 millones de Has., se usan actualmente para labores
agropecuarias cuando su potencial es de 21 millones de has. Por otra parte, la
ganadería usa 39,2 millones de has., cuando su potencial es menos de 22 millones
de has. A pesar de lo anterior, una hectárea de agricultura genera 12,5 más
valor que una dedicada a la ganadería. Respecto a la actividad
florestal-productora se usan en esta 0,4 millones de has, cuando podrían usarse
11,9 millones de has.
Por último, respecto
a la actividad minera, cuyos análisis se han concentrado sobre todo en el
impacto ambiental de esta actividad, también se viene consolidando como una
amenaza para la producción de alimentos, ya que se usan 5,8 millones de Has.,
casi el doble que la dedicada para producir alimentos, y hoy se han otorgado
cerca de 9000 títulos mineros que están vigentes y están pendientes cerca de
20.000 nuevas solicitudes. Ya en el 2012, el entonces ministro de agricultura,
Juan Camilo Restrepo, alertó sobre el impacto que tendría en el agro y en la
población rural, la desmesura en la entrega de títulos mineros que se ha dado
en el país. En entrevista para el diario La
República, el funcionario anotaba que esta situación “podría afectar más
del 53% de la actividad agrícola y ganadera en Colombia”. Cabe anotar, que
según la Agencia Nacional de Minería (ANM), 1.028 títulos (10,2%) del total,
están en manos de firmas extranjeras o multinacionales; 577 (5,7%) le
corresponde a resguardos indígenas; y 153, (1,5%) son de asociaciones mineras y
cooperativas.
Neocolonialismo y propiedad de la tierra en Colombia
El aumento de compra de tierras agrícolas
por parte de extranjeros en países en vía de desarrollo ha disprado las alarmas
a nivel mundial.
A 2013, el 80%
de los campesinos colombianos tenian menos de una UAF (Unidad Agrícola
Familiar), esta es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o
forestal, cuya extensión permitiría, según el gobierno, que con un proyecto
productivo y tecnología adecuada, se generaran, como mínimo, dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Además, permitiría a la familia remunerar
su trabajo y disponer de un capital que contribuya a la formación de su
patrimonio. Sin embargo, en Colombia la propiedad es microfundista (menos
de 3 Has.), lo que la hace ineficiente, el 68% de los predios registrados son pequeñas
propiedades, y estos apenas ocupan el 3,6% de la superficie del área productiva
de Colombia. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos
que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. Bajo este panorama
no es de extrañar una crisis de seguridad alimentaria en Colombia.
En contraste con
lo anterior, se viene dando un proceso de Neo-colonialismo a escala mundial. En
una investigación del año pasado, la
ONG Oxfam, denunciaba como entre 2010 y 2012, la
multinacional Cargill, hoy la mayor comercializadora de materias primas
agrícolas del mundo, adquirió 39 predios en el Vichada, a través de 36
sociedades distintas, y acumuló una extensión de 52.576 hectáreas. Esta compra
masiva de predios, en un país en el que no existen restricciones generales a la
cantidad de tierra que puede poseer una persona, sería un negocio normal si no
fuera porque las tierras adquiridas desconocieron la prohibición de concentrar
en un solo propietario Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Esta situación es
de gravedad importante dado que la Altillanura colombiana, conformada por los
departamentos del Meta, Vichada, parte de Casanare y Arauca, es según el mismo
Ministerio de Agricultura, la última gran frontera agrícola que le queda al
país, con algo más de 7 millones de hectáreas, que dado el caso de que siguiera
quedando en manos de extranjeros, estarían poniendo en peligro la seguridad
alimentaria de nuestro país y asegurando la del resto del mundo.
En la misma línea de análisis, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en el 2012,
calculaba que 80 millones de hectáreas de terrenos en regiones como África han
sido adquiridas por multinacionales en los últimos años. Estos países compraron
tierras en zonas aptas para la agricultura, concentrándose en África. La
preocupación se da especialmente con estados como China, el cual
ha invertido en comprar 2,09 millones de hectáreas. Corea del Sur ha adquirido
1.000.000 de hectáreas a nivel mundial; Arabia Saudita, con 1,61 millones;
Emiratos Árabes Unidos, 1,28 millones, mientras que Japón ha comprado 324.000
hectáreas, según cifras de 2009 de las organizaciones Farmlandgrab y Grain.
Como elemento final de análisis, esta la relación entre la
concentración de la tierra y el asesinato y destierro violento del
campesinado colombiano. Según un informe del mes de marzo del presente año
publicado en el diario El Espectador,
el Centro Internacional de Toledo para la
Paz (CITpax), reclamantes, jueces de tierras, abogados de victimas e
incluso periodistas hacen parte de la larga lista de personas que han recibido
intimidaciones por su participación en procesos de restitución de tierras en
Colombia. Según Human Rights Watch, la cifra de amenazados, a partir del
2012, ascienden a más de 500 personas y 17 casos de asesinatos de líderes desde
el 2008, claramente relacionados con la reclamos de restitución.
En cuanto a los presuntos responsables de
las acciones contra los reclamantes, CITpax señalaba que los reportes señalan
en el 60% de los casos, a actores desconocidos y agentes individuales
(generalmente personas que ocupan los predios solicitados por los reclamantes)
como los principales actores de la persecución. El otro 40% de los casos
corresponden a eventos en los que están vinculados desde desmovilizados de las
AUC, bandas criminales, guerrillas, hasta otros grupos criminales. El
informe señalaba, también, la existencia de una hay una estrategia “no
violenta” por parte de distintos actores para infiltrar las instituciones
estatales como el Incoder, Defensoría, Fiscalía y verse beneficiados de los
reclamos. De todas las acciones violentas denunciadas y registradas contra
reclamantes de tierras en Colombia, Antioquia lleva la delantera, con cerca de
65 acciones violentas, seguido de Bogotá (con 40), Bolívar (con 40), Tolima
(con 41), Cesar (con cerca de 32) y en menor medida, departamentos como
Magdalena (22), Córdoba (22), Valle del Cauca (20) y Sucre (11).
El proceso de extranjerización de la tierra en
Colombia y en el mundo lo que refleja es que las multinacionales y los países
vienen comprando tierras para cultivarlas, pero no con el objetivo de suplir
las necesidades de alimentos del país receptor de la inversión, sino que la
producción se exporta para suplir la necesidad de alimentos del país de origen
de la multinacional o para re-exportar a otras latitudes. Lo anterior en el
caso de la agricultura, pero los países como Colombia también se han convertido
en proveedores de recursos naturales, minerales y petroleros, para suplir la
demanda de las potencias extranjeras, modelo extractivista que viene condenando
a los países subdesarrollados a más pobreza, desigualdad y exclusión social,
como lo advertía el premio nobel de economía, Josep Stiglizt, en el pasado Foro
Urbano Mundial realizado en Medellín en el mes de Abril.
