viernes, 4 de marzo de 2016

Razones para rechazar la venta de ISAGEN

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

Una versión editada de este artículo fue públicada en "El Colectivo", Comunicación Popular, Edición No 4, Febrero de 2016, pp. 12-13

El 13 de enero del presente año se subastó ISAGEN, siendo adquirida por Brookfield, por un valor de 6,49 Billones de pesos. El procedimiento fue catalogado como poco transparente, porque aunque el reglamento operativo de la subasta, reglamentado por el Decreto 1082/2015, permite que haya un solo oferente, resulta sospechoso que pocos días antes el gobierno cambiara los plazos establecidos para la presentación de la oferta y que aumentara el precio mínimo en un 21,5%; lo que obligó a Colbún, el otro oferente, a retirarse de la subasta, quedando Brookfield como la única que podía cumplir con dichos requisitos. Diversos sectores sociales y expertos han manifestado que el procedimiento no cumple con los requisitos mínimos de una subasta, “pues se negoció con un solo oferente, por el mismo valor que propuso el gobierno y sin ninguna puja que permitiera incrementar el precio de venta, y confirmaría el rumor de que el negocio estaba amarrado”, como lo ha expresado a medios nacionales José Roberto Acosta, de la Red de Justica Tributaria. Se ha denunciado, además, que Brookfield tiene abierta una investigación en la fiscalía brasilera por sobornos, y otra en la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Historia de una privatización

La prestación de los servicios públicos antes de 1991 era monopolio del Estado, pero en el artículo 365 de la nueva Constitución, se dejó plasmado que estos podrían ser prestados no solo por privados sino por también por organizaciones comunitarias. Como lo expresa Oscar Alveiro Vallejo, de la Junta Nacional de SINTRAISAGEN, “después de ahí, y de la Ley 142 (regula la prestación de servicios públicos) y la Ley 143 (“Ley de energía”) de 1994, lo que hicieron fue convertir la prestación de servicios públicos en un negocio, y para darle garantías al sector privado, se establecieron reglamentaciones en donde los administradores de estas empresas, aún públicas, las obligaron a comportarse con lógica privada, respondiendo a criterios de eficiencia y rentabilidad. Así, las personas dejaron de ser usuarios y tener derechos y pasaron a ser clientes, y quien tuviera con que pagar los servicios los podría usar y quien no, no tendría acceso a ellos, distorsionandose el sentido de lo público”.
Desde su creación en mayo de 1995, los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe intentaron privatizarla. El líder sindical afirma que “ISAGEN arrancó siendo pública, pero en su conversión cuando la escindieron de ISA la volvieron mixta, dándole participación a privados. Primero se la ofrecieron a los trabajadores, quienes compraron algunas acciones, después en el 2006, siendo Uribe presidente, vendió el 20% de esta por debajo de su valor, y parte de este porcentaje fue quedando en manos de fondos de pensiones (12,32%) y extranjeros (7,17%)”.
La venta de ISAGEN hace parte de una política neoliberal que desde la década de los 90 ha venido regalando el patrimonio público a actores privados. Tan solo en 8 años de Uribe se privatizaron Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, 10 centrales eléctricas, 10% de las acciones de Ecopetrol, el cierre de una gran cantidad de hospitales, la privatización del servicio de salud y educación; así como la venta, liquidación y reforma de más de 500 empresas estatales. 20 años después, con los mismos banqueros de inversión contratados para la valoración de ISAGEN en tiempos de Uribe, Santos vende el 56,7% de la empresa que estaba en manos de la nación.

Razones para oponerse a la venta de ISAGEN

“De sobra existen”. Así lo expresa Jorge Gómez, Diputado del Polo Democrático Alternativo ante la Asamblea Departamental de Antioquia, para quien la venta de la empresa significó “la pérdida de 23 Hectáreas de bosques, 3.000 Megavatios (MV) que estaban en manos de la nación, se perdió un regulador natural de tarifas de energía, se perdió seguridad energética, se perdió una fuente importante de ingresos y de renta para la nación...se perdieron muchas cosas, pero además, es un paso adelante en las privatizaciones, que abre la puerta para que sigan con otras empresas, como ISA, ETB, EPM, entre otras, y más venta de patrimonio público”.

Según expertos, ISAGEN es una de las 25 mejores empresas del país y una de las más rentables, ya que desde el 2003 ha girado al Ministerio de Hacienda 1,12 billones de pesos en dividendos, y otros 1,07 billones en impuestos a la Dian en los últimos 15 años.  Oscar Vallejo, de SINTRAISAGEN, afirma que “en el 2014, la empresa obtuvo ingresos por 2,33 billones de pesos y beneficios netos anuales por 436.538 millones”. Tiene un margen de ganancia neto del 21,6 % y un retorno de capital del 3% frente a un 16% y un 2,4% respectivamente, en comparación con la industria; y con la entrada en funcionamiento en el 2015 de Hidrosogamoso, se aumentaría la utilidad operacional en un 70% frente al 2014.
Dado que es la segunda generadora de energía del país (dueña de seis hidroeléctricas y una planta térmica) y habiendo quedado en manos de extranjeros, la empresa pierde la capacidad de regular los precios de la energía, como cuando estaba en manos de la nación. Así lo explica Oscar Vallejo, afirmando que “el mercado de energía en Colombia es Oligopólico, ISAGEN al ser uno de los principales agentes de la Bolsa de Energía, y al estar en manos del Estado, tenía la capacidad de regular la oferta de energía y regular los precios de mercado, ahora la mayor parte del mercado queda en manos de privados y es más fácil que se pongan de acuerdo y se cartelicen, imponiendo cantidades y precios, como ha ocurrido con otro tipo de mercados”. Para el líder sindical, “con la venta de ISAGEN se pierde soberanía y seguridad energética, dado que los nuevos dueños no están obligados a satisfacer la demanda interna si los precios locales no les satisfacen, podrían aumentar los precios de la energía (a pesar de que ya estaban altas) y se pierde soberanía sobre una serie de territorios que contienen un recurso tan importante hoy, como es el agua, dado que las centrales eran un gran reservorio del recurso que estaba antes en manos del Estado y ahora están en manos de privados”.

Ilustración/Yovany Piedrahita

De igual manera, enfatiza en que “los dividendos y utilidades, que son producto de las altas tarifas que se le cobran a la gente, por lo menos se reinvertían en el municipio o en la nación, e ISAGEN venía haciendo inversiones voluntarias más allá de lo que la ley de transferencias establecía, a efecto de convenios, acuerdos, programas de paz, programas  de desarrollo con comunidades, apoyo a micro-empresas y al pequeño campesino, formación y capacitación, saneamiento básico, y para las corporaciones regionales en materia de protección ambiental; y dado su carácter voluntario, nada obligaría al nuevo dueño a seguir haciendo dichas inversiones”.  En el mismo sentido, y en medio del actual cambio climático y el aumento de las sequías, algunas de estas inversiones se estaban orientando al desarrollo de energías alternativas, como plantas eólicas y un proyecto de geotermia en estado de pre-factibilidad en Nariño. Todos estos esfuerzos se perderían, porque al pasar a manos privadas cambia el objetivo de la empresa, concentrándose en la rentabilidad.
La venta de la empresa fue un regalo. La Procuraduría ha insistido que la venta significaría la pérdida de más de dos billones de pesos, un 27% por debajo de su valor real, ya que el valor actual representa 0,46 dólares menos que se pagaran por acción, en comparación con el valor inicial solicitado por el gobierno en el 2013. Por otra parte, producir un megavatio de hidroeléctrica en Colombia cuesta entre US$2 millones y US$3 millones y el Gobierno pidió entre US$1 millón y US$1,5 millones. Según el diputado Jorge Gómez “existen muchas formas de valorar económicamente una empresa, por ejemplo por su capacidad instalada, pero el gobierno escogió la forma más barata de vender ISAGEN (se vendió bajo la estimación de flujo de caja)”

Pero existe un agravante, y es que, como lo afirma el diputado, solo hasta el viernes 22 de enero (9 días después de la subasta), Brookfield pagó las acciones de ISAGEN “buscando tratar de eludir fallos judiciales y ganarse adicionalmente $ 122 por cada dólar.” Es decir, que con esta operación, que tenía en cuenta la variación del dólar, los nuevos dueños se ahorraron, $ 256.000 millones más.

Por las anteriores razones, no es de extrañar que se use la metáfora de que la venta de ISAGEN significó vender la “gallina de los huevos de oro”

No alcanzará a financiar las vías 4G.

Con la venta, el gobierno pretende financiar la construcción de proyectos viales de importancia para el país, pero lo cierto es que, de los 30 proyectos viales 4G, los recursos obtenidos solo financiaran directamente a 5. De igual manera, la totalidad del Plan de Infraestructura Vial vale unos US $20.000 millones, y los recursos de la venta de ISAGEN significarían unos US$ 2.000 millones, es decir, que incluso invirtiendo todos los recursos solo alcanzaría a financiar un 10% de dicha infraestructura. Este plan vial será construido con préstamos por parte del Estado a privados, con tasas de interés por debajo del sector financiero, con plazos de pago de 20 a 25 años, quienes además, meterán la mano al bolsillo de los colombianos a través de peajes.
Respecto a lo anterior, la Contraloría, ha comentado que las vías 4G no producirán ingresos financieros, por lo cual la venta de ISAGEN presionará adicionalmente las finanzas del Estado, ya que una parte importante de dividendos de la empresa se giraban a la nación. Esto redundará, adicionalmente, en un aumento de tarifas de energía eléctrica, impuestos y recortes presupuéstales diferentes a los de infraestructura vial, como lo venían alertando distintos sectores sociales y que parecen confirmarse con las recientes declaraciones sobre una nueva reforma tributaria y mensajes de austeridad por parte del gobierno.

Movilización social para evitar la venta


El diputado Jorge Gómez afirma que las “esperanzas de que la venta de ISAGEN se caiga son todas, además porque hay varios antecedentes, por ejemplo, una acción popular logró que Fernando Londoño devolviera las acciones de Invercolsa, porque las había adquirido de una manera fraudulenta…hay que hacer un gran esfuerzo por mantener la movilización, porque esta puede ser un gran elemento de presión para que las cortes fallen a favor las acciones populares...yo siempre recuerdo cuando nosotros estábamos al frente de una batalla contra el cobro de valorización en la 76, en el barrio Belén, hace 16 años, allí se interpuso una acción popular y los cobros ya iban muy adelante, ya la mitad de la gente había pagado, había gente con cobros jurídicos, y se logró mantener, cada 8 días, un mitin en el Tribunal Administrativo de Antioquia, este fue apelado y se fue a Bogotá, allí se hizo mitin frente al Concejo de Estado, y a finales del 2000 se logró un fallo final a favor, obligando al municipio de Medellín a devolver los cobros. Para Oscar Vallejo, de SINTRAISAGEN, “el tema de la venta de la empresa logró cierto nivel de conciencia en los ciudadanos, pero también mostró que si nos juntamos podemos dar la pelea…hay un nivel de indignación que hay que tratar de mantenerlo a través de los medios de comunicación alternativos y otros canales…y en este momento la gente ya está viendo las consecuencias de estas privatizaciones y vamos a tener que salir a la calle para generar más movilización”.

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