Estado, Políticas Públicas y Democracia Local

Descripción de una experiencia de Participación Juvenil en la construcción de políticas públicas en el municipio de Angostura

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

Ilustración de Quino

Presentación

El presente artículo no pretende ser un estudio sistemático y profundo del tema de las políticas públicas en Colombia, lo que pretende es partir de una definición básica del tema y mostrar como las políticas públicas se materializan en normas, leyes, programas, etc. Se enuncian varios artículos de nuestra Constitución Política en los cuales se hace fácilmente visible la responsabilidad del Estado colombiano respecto a las necesidades de la población y el compromiso constitucional por atenderlas. Tras esto, se presenta una experiencia exitosa de construcción de política pública con participación juvenil respecto al problema de la drogadicción, que desarrollaron los estudiantes del programa “Proyecto Ciudadano” en el municipio de Angostura (Antioquia) en el año 2006, y que constituye un testimonio valioso de la forma en que los ciudadanos pueden incidir en el diseño e implementación de políticas públicas para atender las problemáticas que les afectan.

El Estado, la democracia y los problemas de la sociedad

Una sociedad o una comunidad se enfrentan cotidianamente a variados problemas: unos afectan solamente a los individuos que la conforman, estos reciben el nombre de problemas privados, otros afectan a las instituciones presentes en ella (por ejemplo a una institución educativa o a una empresa) y reciben el nombre de problemas institucionales; por último, algunos problemas afectan el interés general de la sociedad o de la comunidad, por ejemplo la falta de agua potable, la falta de acceso a la educación, la ocurrencia de epidemias o enfermedades, etc. Estos problemas han alcanzado tal magnitud que la sociedad o la comunidad al no poder resolverlos con sus propios esfuerzos demandan la intervención del Estado para solucionarlos, o por lo menos para aminorar su impacto, y por esto reciben el nombre de problemas públicos. Es el caso, por ejemplo, de una comunidad alarmada por el gran incremento en el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes (drogas) y que solicita a las autoridades locales que hacen parte del Estado, que implementen acciones conducentes a aminorar y prevenir este grave flagelo (por ejemplo, a través campañas para dar a conocer los efectos perjudiciales que tiene sobre la salud la adicción a este tipo de drogas).

Las políticas públicas son ese conjunto de estrategias y acciones que crea el Estado para enfrentar aquellas situaciones que una sociedad o una comunidad, de común acuerdo, considera problemáticas y que afectan su interés general (problemas públicos). Las políticas públicas se convierten en la estrategia principal a través de la cual un gobierno intenta garantizar el desarrollo económico, social y político del país; es decir, las políticas públicas son, como lo afirma el analista político Alejo Vargas, “la concreción del Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus problemas” .

Las acciones conducentes a enfrentar los problemas, se materializan en normas jurídicas o leyes, programas y planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y local. Al momento de diseñarlas, los gobernantes deben tener muy en cuenta los recursos económicos necesarios para implementarlas, así como cuáles serán las instituciones y las personas del gobierno responsables de ponerlas en práctica.

Tomemos un ejemplo que puede aportar mucha claridad a este asunto. Los recursos naturales y el medio ambiente son valores que se protegen en la Constitución Política de Colombia, en la cual se encuentran consagradas las políticas públicas más generales y de mayor jerarquía que rigen en todo el país. Por lo tanto, si un municipio antioqueño se ve afectado por problemas ambientales (contaminación de ríos, destrucción de la fauna y la flora, etc.), encontrará estrategias generales para enfrentar el problema tanto en la Constitución, como en las leyes nacionales que crea el Congreso.

Con respecto a la protección del medio ambiente, la Constitución señala:

“Art. 79: Todas la personas tienen derecho a un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente…” (Titulo II: De los Derechos, Las Garantías y los Deberes, Capítulo III. De los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente).

“Art. 80: El Estado…deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”

Además, este principio se consagra en variadas leyes de carácter nacional que pretenden constituirse en el marco jurídico y administrativo de la protección del medio ambiente, entre ellas esta la Ley 99 de 1993, mejor conocida como “Ley General del Medio Ambiente”, a través de la cual “se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. En ella se consagra entre otras cosas que:

“La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible” (Art. 1, Numeral 2, Titulo I: Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana, Ley 99 de 1993).

De igual forma puede esperarse que en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” del presente gobierno, en el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2004-2007 “Antioquia nueva, un hogar para la vida” y en cualquier plan de desarrollo de alguno de los municipios antioqueños, se encuentren estrategias, acciones y recursos económicos destinados a enfrentar problemas ambientales.

Todas estas políticas crean un marco de acción diseñado especialmente para atacar y resolver los problemas ambientales que se presenten en el territorio nacional.

Ilustración de Quino

Pero el Estado no sólo implementa acciones frente a problemas ambientales sino también frente a las necesidades y problemas que la nación colombiana esté padeciendo en el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el deporte, el saneamiento básico, etc. y esto es así porque el Estado colombiano tiene la obligación constitucional y política de enfrentar, a través de programas concretos, los problemas de mayor prioridad para la sociedad colombiana en los ámbitos nacional, departamental y local. En efecto, en la Constitución Política se consagra como principio fundamental que Colombia es un “Estado social de derecho, organizado de manera unitaria, democrática, participativa y pluralista” (Art. 1, Titulo I: De los Principios Fundamentales), que significa básicamente que las autoridades e instituciones del Estado deberán crear estrategias y realizar acciones concernientes a mejorar la calidad de vida de los colombianos y a propiciar los espacios para que los habitantes puedan participar de las decisiones que los afectan (Art. 40 de la C.P.: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político….”, Titulo II. De los Derechos, Garantías y Deberes, Capitulo I: de los Derechos Fundamentales).

Este principio es reforzado por otros artículos de la Constitución, como el artículo 2 que dice que:

“Son fines sociales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general……….facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación;…..”(Art 2. de la C.P., Titulo I: De los Principios Fundamentales).

Y de igual manera, el Art. 366 señala que:

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.” (Art. 366 de la C.P., Titulo XII. Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Capítulo V: De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos).

Como se observa, las políticas públicas están íntimamente relacionadas con la democracia, es más, la democracia es su justificador social “por cuanto la política pública se debe a la comunidad: luego compromete las finanzas públicas que son su soporte material y finalmente se integran al desarrollo social logrando satisfacer exigencias en materia de servicios, salud, seguridad y educación” .

Tipos de Políticas Públicas

Existen variados tipos de políticas públicas dependiendo de los distintos problemas y necesidades que tenga una sociedad, veamos a continuación se brinda una clasificación básica de estas:

Políticas concernientes a defender y proteger los derechos:

Derechos humanos, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos, culturales y ecológicos. Todo el Titulo II de la Constitución Política hace referencia a estos derechos.

Políticas de equidad social, de distribución o de asistencialismo:

Es el caso de las políticas y programas concernientes a atender de manera prioritaria a los disminuidos físicos y a la población más pobre y en mayor estado de vulnerabilidad. De igual manera, aquellas dirigidas a satisfacer necesidades insatisfechas en materia, seguridad social, salud y educación (respectivamente los Art. 48, 49 y 67 de la C.P., Titulo II: De los Derechos, Las Garantías y los Deberes). Estos servicios son considerados servicios públicos y como lo afirma el Art. 365 de la C.P.:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado…..” (Art. 365 de la C.P. Titulo XII: Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. Capítulo V: De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos).

Políticas de participación y democracia:

Como se comentó más atrás, en la Constitución Política se consagra en el Art. 40 el derecho a participar en la vida política y comunitaria del país y en el art 103 se ponen a disposición de los habitantes los mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular normativa y legislativa, el referendo y la consulta popular, mecanismos a través de los cuales la sociedad puede participar en el diseño, implementación y control de las políticas públicas y puede además retirar a los servidores públicos que no estén cumpliendo con sus obligaciones respecto a la comunidad. Este artículo de la Constitución es reglamentado de manera más amplia a través de la Ley 134 de 1994, a partir de la cual se reglamentan las normas fundamentales de la participación democrática de las organizaciones civiles.

Políticas generales de administración y control en la prestación de servicios públicos domiciliarios:

El saneamiento ambiental y el agua potable son servicios públicos a cargo del Estado. Estas funciones se reglamentaron de una manera más amplia en la Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. El objetivo fundamental de esta ley es garantizar la calidad y prestación continua de los servicios públicos y la creación de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización en la prestación de los mismos.

Políticas de gasto público o de infraestructura:

Son aquellos gastos destinados a la infraestructura necesaria para la producción, como por ejemplo carreteras y aquella infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos como hospitales, centros educativos, acueductos, alcantarillado, etc.

Políticas Públicas reguladoras:

Son las que hacen referencia al orden público.

Como se observa el ámbito de participación del Estado en lo público es bastante amplio.

ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA

La Drogadicción: un caso exitoso de participación juvenil en la creación de políticas públicas.

Experiencia desarrollada por la IED Mariano de Jesús Eusse en Angostura (Antioquia) en el año 2005.

Toda construcción de una propuesta de política pública debe partir primero del planteamiento del problema que afecta a la comunidad, ya que una identificación clara de las causas que alimentan el problema será el punto sobre el que se enfocarán las estrategias y las acciones de la política pública. Además, se deberá hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de las políticas públicas existentes y con base en esto, plantear varias opciones que podrían implementar las autoridades municipales para enfrentar dicha situación.

Los jóvenes de la institución educativa Mariano de J. Eusse, del municipio de Angostura (Antioquia), se preocuparon por el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas (drogas) en los jóvenes de su colegio y de su municipio, y temían que, a causa de esta situación, se produjera a futuro un grave problema de salud pública. Deseosos de colaborar en la adopción de medidas que puedan frenar esta situación que afectaba el interés general de la comunidad, decidieron realizar un diagnóstico del problema cuyos causas y consecuencias más importantes se presentan a continuación:

Problema de política pública: Drogadicción en los Jóvenes de Angostura

La drogadicción se define como una situación de adicción o dependencia hacia alguna sustancia psicoactiva como marihuana, cocaína, Heroína, bazuco, etc., y en donde el sujeto ya no tiene la posibilidad de decidir si deja o no este consumo.

Causas:
 
- Problemas al interior de la familia por falta de diálogo entre padres e hijos.

- Desinterés de los padres hacia el tipo de actividades de sus hijos.

- Padres castigadores que ejercen autoridad mediante la aplicación continúa de castigos físicos.

- Alcoholismo y/o drogadicción de algunos de los padres o de otro miembro de la familia.

- Influencia negativa de amigos o conocidos.

- Ausencia de actividades que permitan a los jóvenes utilizar sanamente su tiempo libre.

- Desconocimiento de las clases de sustancias psicoactivas y sus efectos sobre la salud.

Consecuencias:

- Afectar la vida social y familiar del joven.

- Delincuencia.

- Aislamiento.

- Mal estado nutricional, calambres, intensos dolores de cabeza, ansiedad fuerte.

- Trastornos cardiacos, disminución de la repuesta del sistema inmunológico.

- Irritabilidad, nerviosismo, sentimientos de culpa, falta de concentración, mala memoria, trastornos en el sueño, alteración de la personalidad, amnesia parcial.

Entre las políticas públicas que intentan crear un marco de acción frente al problema de la drogadicción se encuentran las siguientes:

El art, 44 de la Constitución Política dice que:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”……. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” (Titulo II. De Los Derechos, Las Garantías y los Deberes, Capitulo II. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales).

A si mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, “Hacia un Estado Comunitario” se planteaba que:

“La estrategia del Gobierno Nacional para la prevención del consumo de drogas abordará el campo educativo, laboral, familiar y comunitario, con la activa participación de la ciudadanía y las entidades gubernamentales y no gubernamentales…..adicionalmente:

- Se robustecerán las medidas que controlen a los centros o instituciones de atención, tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoctivas, tanto públicas como privadas.

- Los bienes incautados al narcotráfico serán empleados también para atender pacientes con adicción a las drogas psicoactivas en sus necesidades clínicas y terapéuticas, con asistencia social correlativa: alojamiento y manutención hasta su recuperación total.” (Capitulo 1. Brindar Seguridad Democrática, Inciso 2 a: Desarticulación del proceso de producción, fabricación, comercialización y consumo de drogas)

También los jóvenes encontraron que a nivel nacional existen algunas leyes que pretenden enfrentar el problema, a saber la Ley 30 de 1986, que en su art. 11 plantea que:

“Los programas de educación primaria, secundaria y superior, así como los de educación no formal, incluirán información sobre los riesgos de la farmacodependencia…” (Capitulo II. Campañas de Prevención y Programas Educativos)

Y la Ley 100 de 1993, que afirma que existirá un Plan de Atención Básica en salud que:

“… estará constituido por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tienen altas externalidades, tales como la información pública, la educación y fomento de la salud, el control de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas…”(Libro II. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, Título II. Disposiciones Generales, Capítulo III. El régimen de beneficios).

A nivel departamental los jóvenes encontraron que existe la Ordenanza Nº 16 del 2003, a través de la cual se adopta la Política Pública Departamental de Juventud del Departamento, que en su art, 5, Inciso c, plantea procedimientos e intervenciones relacionados con la promoción de la salud y además pretende

“Fomentar programas que contribuyan con el auto y mutuo cuidado, con actividades integrales y servicios específicos para jóvenes…”

Como se acaba de observar anteriormente, si bien a nivel nacional y departamental existen acciones concretas para enfrentar el problema de la drogadicción, a nivel municipal, en el caso de Angostura, no parecían existir políticas públicas concretas para enfrentar este flagelo. Por tal razón, los jóvenes reflexionaron sobre la forma en que se podría prevenir el consumo y adicción a las drogas. De tal análisis resultaron dos alternativas:

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LA DROGADICCIÓN

 
ALTERNATIVA Nº 1:

Crear, por medio de un Acuerdo elaborado por Concejo municipal, el Comité Municipal de Prevención y Control de Drogas, con el objetivo general de promover el desarrollo y coordinación de planes, programas y proyectos que aborden integralmente los problemas asociados a la producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Angostura.

ALTERNATIVA Nº 2:

- Aumentar las requisas, por parte de la policía, a los jóvenes de la institución educativa, y de igual manera, abordar a los grupos de jóvenes que se encuentren reunidos en grupo en determinados lugares del municipio por considerarlos “sospechosos”.

- Decretar que la hora máxima de permanencia de los jóvenes menores de 18 años en las calles del municipio sea hasta las 7:00 p.m., debido a que es en las horas de la noche en donde más oportunidad hay para el consumo de drogas.

Los jóvenes reflexionaron sobre la viabilidad y pertinencia de ambas alternativas. Al analizar la alternativa Nº 2 consideraron que podía ser una medida que permite encontrar drogas en manos de los estudiantes, pero se convierte en una medida excesiva de control, y finalmente represiva, ocasionando múltiples altercados entre los jóvenes, los directivos de la institución y la fuerza pública. De igual manera, el hecho de que los jóvenes estén reunidos en un determinado lugar no es razón suficiente para pensar que están realizando actividades consideradas como “ilicitas”, ya que pueden estar estableciendo una sana conversación o practicando algún juego, etc.

Ilustración de Quino

Por último, si bien es cierto que la noche es propicia para el consumo de drogas, no implica que todos los jóvenes lo hagan y sería nuevamente una medida muy represiva que podría ofuscar no solo a los jóvenes, sino también a la población en general.

Los jóvenes deciden que la mejor forma de frenar el consumo y adicción de las drogas es a través de campañas de prevención que permitan dar conocer a los jóvenes los graves peligros para la salud que puede ocasionar el consumo y la adicción de drogas psicoactivas. Por esta razón, proponen al Alcalde y al Concejo Municipal de su localidad, a través de un Cabildo Abierto, la alternativa Nº 1, es decir la creación de un Comité Municipal de Prevención y control de drogas que tendrá que impulsar la realización de las actividades que se desglosan a continuación:

PLAN DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CAUSAS QUE ALIMENTAN EL PROBLEMA:

- Problemas al interior de la familia por falta de diálogo entre padres e hijos.

- Desinterés de los padres hacia el tipo de actividades de sus hijos.

- Padres castigadores que ejercen autoridad mediante la aplicación continúa de castigos físicos. - Realizar talleres de psicoterapia familiar para analizar las relaciones entre padres e hijos. - Disminuir las situaciones de violencia dentro del núcleo familiar y fortalecer la comunicación entre padres e hijos.

- Alcoholismo y/o drogadicción de algunos de los padres o de otro miembro de la familia. - Realizar campañas de salud con el objetivo de conocer antecedentes de adicción en el núcleo familiar.

- Alertar al núcleo familiar de los riesgos de la adicción de sustancias psicoactivas y disminuir el consumo de estas.

- Influencia negativa de amigos o conocidos.

- Ausencia de actividades que permitan a los jóvenes utilizar sanamente su tiempo libre. - Aumentar las actividades ludico-recreativas dentro del municipio.

- Adecuación de los espacios que existen para la práctica del deporte. - Vincular a los jóvenes a la práctica de actividades sanas para una buena utilización del tiempo libre.

- Desconocimiento de las clases de sustancias psicoactivas (drogas) y sus efectos sobre la salud.

PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

Gracias a la gravedad del problema y al apoyo de padres de familia, organizaciones comunitarias, sector educativo y la iglesia, el Concejo Municipal creo el acuerdo que le dará viabilidad institucional y económica al Comité Municipal de Prevención y Control de Drogas en el municipio. 

- Realización de charlas, programas radiales y de televisión, presentación de películas y videos.

- Charlas con ex -drogadictos para conocer la visión de un joven rehabilitado.

- Apoyo y Orientación profesional a los jóvenes en esta de adicción. - Sensibilizar a la comunidad sobre las causas y las consecuencias de la drogadicción.

METAS:

- Disminuir las situaciones de violencia dentro del núcleo familiar y fortalecer la comunicación entre padres e hijos.

- Alertar al núcleo familiar de los riesgos de la adicción de sustancias psicoactivas y disminuir el consumo de estas.

- Vincular a los jóvenes a la práctica de actividades sanas para una buena utilización del tiempo libre.

- Sensibilizar a la comunidad sobre las causas y las consecuencias de la drogadicción.

Los jóvenes proponen que las anteriores actividades se realicen dentro del marco de una Semana por la Salud y la Vida, semana que deberá ser institucionalizada en el municipio a través de un acuerdo del Concejo Municipal.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Gerencia social: hacia un nuevo modelo de gestión social, Alcaldía de Medellín, 1997.

“La drogadicción en los Jóvenes de Angostura”, Investigación realizada por el grado 8B de la I.E. Mariano de J. Eusse, en el marco de la metodología de “Proyecto Ciudadano”, Angostura (Antioquia), 2005.

Ley 30 de 1986, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.

Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”.

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, “Hacia un Estado Comunitario”, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá D.C. Colombia.

Plan de Desarrollo 2004-2007 “Antioquia Nueva, un hogar para la vida”, Gobernación de Antioquia

VARGAS VELASQUEZ, Alejo. Notas Sobre el Estado y las Políticas Públicas, Almudena Editores, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999.

VELEZ RIVERA, Ramiro Alberto. Poliarquía y Políticas Públicas, En: revista “Signos Públicos”, Nº 1, Agosto de 1999, Escuela superior de Administración Pública (ESAP), Medellín, Colombia.