Ley de Victimas Seria Pantomima de Reparación

Por

Carlos Gustavo Rengifo Arias
Maribel García Restrepo

Iván Cepeda Castro, vocero oficial del Movimiento Oficial de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y representante a la cámara, estuvo en la sede del Pequeño Teatro en la ciudad de Medellín el día lunes 11 de julio, en donde compartió su análisis sobre la ley de victimas. A continuación apartes de su exposición.

Ivan Cepeda, Representante a la Camara y Vocero oficial del Movimiento Oficial de Crimenes de Estado

Reconocimiento de la Naturaleza de los Crímenes

El representante comenzó su análisis sobre la ley 1448 de 2011, o mejor conocida como ley de victimas, reflexionando sobre el significado que tiene en nuestro país la lucha de las victimas. El representante anotó que el enfoque que se ha dado al tema está centrado en la necesidad de la reconciliación, sin embargo, enfatizó en que debe ser un proceso mucho más amplio que permita alcanzar la democracia y la equidad. Para que haya la posibilidad de la Verdad, Justicia y Reparación se debe partir de reconocer que en nuestro país no es cierto que si hay reconciliación hay democracia. Que más bien debería invertirse el sentido de la frase a que “si hay democracia posiblemente habría reconciliación y que si la democracia existe y no se está reconciliado no pasa nada”.

Hacia énfasis en que en una verdadera democracia pueden convivir diversas posiciones sin causar los hechos sangrientos que han dejado a nuestro país herido de muerte. Iván Cepeda manifestaba que “el modelo de reconciliación que nos quiere montar el Estado es un modelo forzado, ya que parte de aceptar que si hay reconciliación hay democracia, pero esto no es cierto, ya que en toda la historia de Colombia ha habido desigualdad entre victimas y victimarios y mientras exista esta inequidad es difícil que haya reconciliación, mas bien habrá postración”. Continuaba anotando que para que haya un verdadero proceso de “Verdad, Justicia y Reparación” en Colombia se debe reconocer que los crímenes cometidos por grupos paramilitares, ahora llamados Bacrim, y por el Estado, son crímenes de lesa humanidad “no son personas, son comunidades y estructuras, sociales completas las que se han destruido”- anotaba el representante”.

Decía el representante a la cámara que en Colombia ha existido una mega criminalidad política que se ha valido de medios genocidas y legales. En opinión del representante, en la ley de victimas se quieren disfrazar las masacres y los asesinatos selectivos como crímenes individuales y no como crímenes de lesa humanidad, “- esa es la trampa -” anotaba el representante. La tesis de Iván Cepeda respecto al conflicto en Colombia es que esta criminalidad tiene su raíz en lo económico y político, “hay lógicas, estrategias y móviles políticos y económicos de fondo” – decía el representante-.

Iván Cepeda explicaba el modus operandi de los crímenes en palabras del paramilitar alias Pitirry cuando, en una entrevista con el representante, este le explicaba como fue el despojo violento, la compra forzada y la legalización de tierras de muchos campesinos en el territorio colombiano: “mientras unos venían matando, otros iban comprando y otros iban legalizando” – le decía el paramilitar. Además, anotaba que es necesario, para la superación del conflicto, el realizar una reforma agraria “que desbertebre las inequitativas estructuras económicas y políticas, sino se seguirá perpetuando la guerra en Colombia”. Además de estos, se incluyen otros aspectos como: la aceptación de crímenes de empresas multinacionales, reconocimiento de algunos aspectos de la problemática de los desplazados y el establecimiento de algunos mecanismos de no repetición.

Avances e inconsistencias de la Ley

A pesar de de esta grave inconsistencia y otras que se anotaran más adelante, el representante Iván Cepeda acepta que la Ley de Víctimas es una ley significativa, ya que reconoce que existen victimas del Estado, y esto significa visibilizar la situación, generando un espacio aunque reducido, para la reparación. Sin embargo, enfatizaba que esto no es una concesión, ni un regalo del presidente Santos, “son las organizaciones de derechos humanos y las ONG´s las que han impulsado esto, esa ley es producto de la lucha social. La Ley está escrita con sangre”.

El representante también anotaba que buena parte de los crímenes perpretados los hizo el Estado y en los cuales han estado involucrados instituciones como el DAS, que bien sabido es, no solo ha estado involucrado en el escándalo de las chuzadas, sino que han cumplido un papel importante en la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena medio, el asesinato de líderes de la Unión Patriótica, entre otros.

Otro aspecto que, según Iván Cepeda, significa un avance en la Ley de Victimas, es reconocer la reparación y la restitución de tierras de las victimas. Sin embargo, aquí también se encuentran grandes “peros” en la ley. Para Iván Cepeda, la reparación que propone la ley de victimas es endeble ya que los recursos con los que se desea reparar a las victimas salen del presupuesto nacional, o sea de los bolsillos todos los colombianos y no contempla la captura y utilización de los bienes ilícitos de las estructuras criminales, “para que la reparación sea verdadera deben existir dos cosas – anotaba el representante- “primero, resarcir a las victimas y segundo, debilitar a los victimarios”.

El otro aspecto que complica la reparación es que la amarra a la estabilidad del presupuesto de la nación, “lo que significa que si hay presupuesto se repara, sino no” – decía Iván Cepeda. Muchos interrogantes surgen en relación a lo anterior es que si tenemos en cuenta la cantidad de personas que deberían ser reparadas y que según el representante, serian por lo menos 4 millones y medio, ¿alcanzará el presupuesto para repararlas a todas?, ¿cuántas vigencias tendrán que pasar para responder a todas las víctimas, si por ejemplo, para este año se han proyectado la reparación de 250.000 personas? ¿Cual será el criterio para definir a quien se repara primero y a quien no?, Alcanzará el tiempo del actual gobierno para alcanzar su objetivo?. Las respuestas a estas preguntas no son nada alentadoras y evidencian que la ley es más bien una ficción de reparación.

Por último, existe un problema mucho más grave en lo que respecta a poder realmente restituir las tierras, y consiste en el hecho de que si se comparan los mapas en donde se deberían restituir las tierras con el mapa en donde están ubicadas las Bacrim y el mapa de las concesiones mineras nos encontramos con la sorpresa de que todos coinciden. Pregunta obligada es: que victima se atreverá a exigir la restitución de sus tierras en un territorio no contralado por el Estado y en donde el Estado mismo esta entregando territorio a las multinacionales para expoliar nuestros recursos?. Ya en Montes de María van 3 líderes de restitución de tierras asesinados, allí mismo en donde están localizadas tierras del Álvaro Uribe Vélez y el director del periódico el Mundo, entre otros y que decir de los otros líderes asesinados a lo ancho del territorio colombiano.

La Desaparición Forzada como Estrategia de Eliminación Política en Colombia

Si bien las instituciones del Estado y las organizaciones de derechos humanos no manejan estadísticas similares, la tendencia de la desaparición forzada en Colombia y especialmente en Antioquia es creciente, así lo manifestó Luis Arturo Cubides Granados, Comisionado en materia de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, en un foro sobre desaparición forzada, realizado por la Personería de Medellín el 8 de julio de 2011. Respecto a las cifras, las Naciones Unidas hablan de 17.000 personas desaparecidas de manera forzada, la fiscalía de 27.000 y las organizaciones de derechos humanos de 60.000. A estas cifras se le suman las de las 3.222 fosas encontradas en todo el país, 4.200 cadáveres encontrados, 881 de ellos identificados. En dicho foro varios de los ponentes coincidían en que la desaparición forzada ha sido utilizada, en toda la historia de Colombia, como estrategia de eliminación contra oponentes políticos y disidentes, “incluso desde la época de la violencia (década de los 50´s)- anotaba Jaime Carrión, investigador social de la Personería de Medellín- y ahora más recientemente por los narcos, los grupos armados, los grupos delincuenciales, muchas veces en connivencia con agentes del Estado”. Así lo ratificaba también Albeiro Chavarro Avila, Fiscal 45 de Justicia y Paz, recordando los casos de desaparición en el municipio de Amalfi (Antioquia) en 8 o 10 años de presencia de grupos paramilitares, en donde se logró demostrar “la forma sistemática para desaparecer a las personas con acuerdos con la Policía Nacional, acuerdos que consistieron en no matar a las personas dentro del pueblo sino que eran depositadas en la mina conocida como La Vigorita, para no aumentar la cifra de victimas”.

La utilización de la desaparición forzada como estrategia para eliminar a contradictores por parte de los regímenes políticos desde la década del 50, la reciente utilización de esta por parte de narcos y grupos de paramilitares en connivencia con agentes del Estado, las debilidades de la ley de Victimas y de la ley de Justicia y Paz, la criminalización cada vez más creciente de la protesta social, la falacia de la seguridad democrática y el peligro de que queden excarcelados unos 1300 paramilitares desmovilizados, por vencimiento de los términos judiciales, que dejaría sus delitos sin condena y sin reparación, configuran un escenario continuado de guerra del Estado contra la sociedad y en una pantomima la reparación en nuestro país.