Razones
para rechazar la venta de ISAGEN
Por Carlos
Gustavo Rengifo Arias
Una versión editada de este artículo fue públicada en "El Colectivo", Comunicación Popular, Edición No 4, Febrero de 2016, pp. 12-13
El
13 de enero del presente año se subastó ISAGEN, siendo adquirida por
Brookfield, por un valor de 6,49 Billones de pesos. El procedimiento fue
catalogado como poco transparente, porque aunque el reglamento operativo de la
subasta, reglamentado por el Decreto 1082/2015, permite que haya un solo
oferente, resulta sospechoso que pocos días antes el gobierno cambiara los
plazos establecidos para la presentación de la oferta y que aumentara el precio
mínimo en un 21,5%; lo que obligó a Colbún, el otro oferente, a retirarse de la
subasta, quedando Brookfield como la única que podía cumplir con dichos
requisitos. Diversos sectores sociales y expertos han manifestado que el
procedimiento no cumple con los requisitos mínimos de una subasta, “pues se
negoció con un solo oferente, por el mismo valor que propuso el gobierno y sin
ninguna puja que permitiera incrementar el precio de venta, y confirmaría el
rumor de que el negocio estaba amarrado”, como lo ha expresado a medios
nacionales José Roberto Acosta, de la Red de Justica Tributaria. Se ha
denunciado, además, que Brookfield tiene abierta una investigación en la
fiscalía brasilera por sobornos, y otra en la Comisión de Bolsa y Valores del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violación de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Historia
de una privatización
La
prestación de los servicios públicos antes de 1991 era monopolio del Estado,
pero en el artículo 365 de la nueva Constitución, se dejó plasmado que estos
podrían ser prestados no solo por privados sino por también por organizaciones
comunitarias. Como lo expresa Oscar Alveiro Vallejo, de la Junta Nacional de
SINTRAISAGEN, “después de ahí, y de la Ley 142 (regula la prestación de
servicios públicos) y la Ley 143 (“Ley de energía”) de 1994, lo que hicieron
fue convertir la prestación de servicios públicos en un negocio, y para darle
garantías al sector privado, se establecieron reglamentaciones en donde los administradores
de estas empresas, aún públicas, las obligaron a comportarse con lógica
privada, respondiendo a criterios de eficiencia y rentabilidad. Así, las
personas dejaron de ser usuarios y tener derechos y pasaron a ser clientes, y
quien tuviera con que pagar los servicios los podría usar y quien no, no
tendría acceso a ellos, distorsionandose el sentido de lo público”.
Desde
su creación en mayo de 1995, los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe
intentaron privatizarla. El líder sindical afirma que “ISAGEN arrancó siendo
pública, pero en su conversión cuando la escindieron de ISA la volvieron mixta,
dándole participación a privados. Primero se la ofrecieron a los trabajadores,
quienes compraron algunas acciones, después en el 2006, siendo Uribe presidente,
vendió el 20% de esta por debajo de su valor, y parte de este porcentaje fue
quedando en manos de fondos de pensiones (12,32%) y extranjeros (7,17%)”.
La
venta de ISAGEN hace parte de una política neoliberal que desde la década de
los 90 ha venido regalando el patrimonio público a actores privados. Tan solo
en 8 años de Uribe se privatizaron Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, 10
centrales eléctricas, 10% de las acciones de Ecopetrol, el cierre de una gran
cantidad de hospitales, la privatización del servicio de salud y educación; así
como la venta, liquidación y reforma de más de 500 empresas estatales. 20 años
después, con los mismos banqueros de inversión contratados para la valoración
de ISAGEN en tiempos de Uribe, Santos vende el 56,7% de la empresa que estaba
en manos de la nación.
Razones para oponerse a la venta de
ISAGEN
“De
sobra existen”. Así lo expresa Jorge
Gómez, Diputado del Polo Democrático Alternativo ante la Asamblea Departamental
de Antioquia, para quien la venta de la empresa significó “la pérdida de 23
Hectáreas de bosques, 3.000 Megavatios (MV) que estaban en manos de la nación,
se perdió un regulador natural de tarifas de energía, se perdió seguridad
energética, se perdió una fuente importante de ingresos y de renta para la nación...se
perdieron muchas cosas, pero además, es un paso adelante en las
privatizaciones, que abre la puerta para que sigan con otras empresas, como
ISA, ETB, EPM, entre otras, y más venta de patrimonio público”.
Según
expertos, ISAGEN es una de las 25 mejores empresas del país y una de las más
rentables, ya que desde el 2003 ha girado al Ministerio de Hacienda 1,12
billones de pesos en dividendos, y otros 1,07 billones en impuestos a la Dian
en los últimos 15 años. Oscar Vallejo,
de SINTRAISAGEN, afirma que “en el 2014, la empresa obtuvo ingresos por 2,33
billones de pesos y beneficios netos anuales por 436.538 millones”. Tiene un
margen de ganancia neto del 21,6 % y un retorno de capital del 3% frente a un
16% y un 2,4% respectivamente, en comparación con la industria; y con la
entrada en funcionamiento en el 2015 de Hidrosogamoso, se aumentaría la
utilidad operacional en un 70% frente al 2014.
Dado que es
la segunda generadora de energía del país (dueña de seis hidroeléctricas y una
planta térmica) y habiendo quedado en manos de extranjeros, la empresa pierde
la capacidad de regular los precios de la energía, como cuando estaba en manos
de la nación. Así lo explica Oscar Vallejo, afirmando que “el mercado de
energía en Colombia es Oligopólico, ISAGEN al ser uno de los principales
agentes de la Bolsa de Energía, y al estar en manos del Estado, tenía la
capacidad de regular la oferta de energía y regular los precios de mercado,
ahora la mayor parte del mercado queda en manos de privados y es más fácil que
se pongan de acuerdo y se cartelicen, imponiendo cantidades y precios, como ha
ocurrido con otro tipo de mercados”. Para el líder sindical, “con la venta de
ISAGEN se pierde soberanía y seguridad energética, dado que los nuevos dueños
no están obligados a satisfacer la demanda interna si los precios locales no
les satisfacen, podrían aumentar los precios de la energía (a pesar de que ya
estaban altas) y se pierde soberanía sobre una serie de territorios que
contienen un recurso tan importante hoy, como es el agua, dado que las
centrales eran un gran reservorio del recurso que estaba antes en manos del
Estado y ahora están en manos de privados”.
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| Ilustración/Yovany Piedrahita |
De
igual manera, enfatiza en que “los dividendos y utilidades, que son producto de
las altas tarifas que se le cobran a la gente, por lo menos se reinvertían en
el municipio o en la nación, e ISAGEN venía haciendo inversiones voluntarias
más allá de lo que la ley de transferencias establecía, a efecto de convenios,
acuerdos, programas de paz, programas de
desarrollo con comunidades, apoyo a micro-empresas y al pequeño campesino,
formación y capacitación, saneamiento básico, y para las corporaciones
regionales en materia de protección ambiental; y dado su carácter voluntario,
nada obligaría al nuevo dueño a seguir haciendo dichas inversiones”. En el mismo sentido, y en medio del actual
cambio climático y el aumento de las sequías, algunas de estas inversiones se
estaban orientando al desarrollo de energías alternativas, como plantas eólicas
y un proyecto de geotermia en estado de pre-factibilidad en Nariño. Todos estos
esfuerzos se perderían, porque al pasar a manos privadas cambia el objetivo de
la empresa, concentrándose en la rentabilidad.
La
venta de la empresa fue un regalo. La Procuraduría ha insistido
que la venta significaría la pérdida de más de dos billones de pesos, un 27%
por debajo de su valor real, ya que el valor actual representa 0,46 dólares
menos que se pagaran por acción, en comparación con el valor inicial solicitado
por el gobierno en el 2013. Por otra parte, producir un megavatio de
hidroeléctrica en Colombia cuesta entre US$2 millones y US$3 millones y el
Gobierno pidió entre US$1 millón y US$1,5 millones. Según el diputado Jorge
Gómez “existen muchas formas de valorar económicamente una empresa, por ejemplo
por su capacidad instalada, pero el gobierno escogió la forma más barata de
vender ISAGEN (se vendió bajo la estimación de flujo de caja)”
Pero
existe un agravante, y es que, como lo afirma el diputado, solo hasta el
viernes 22 de enero (9 días después de la subasta), Brookfield pagó las
acciones de ISAGEN “buscando tratar de eludir fallos judiciales y ganarse
adicionalmente $ 122 por cada dólar.” Es decir, que con esta operación, que tenía
en cuenta la variación del dólar, los nuevos dueños se ahorraron, $ 256.000
millones más.
Por
las anteriores razones, no es de extrañar que se use la metáfora de que la
venta de ISAGEN significó vender la “gallina de los huevos de oro”
No
alcanzará a financiar las vías 4G.
Con
la venta, el gobierno pretende financiar la construcción de proyectos viales de
importancia para el país, pero lo cierto es que, de los 30 proyectos viales 4G,
los recursos obtenidos solo financiaran directamente a 5. De igual manera, la
totalidad del Plan de Infraestructura Vial vale unos US $20.000 millones, y los
recursos de la venta de ISAGEN significarían unos US$ 2.000 millones, es decir,
que incluso invirtiendo todos los recursos solo alcanzaría a financiar un 10%
de dicha infraestructura. Este plan vial será construido con préstamos por
parte del Estado a privados, con tasas de interés por debajo del sector
financiero, con plazos de pago de 20 a 25 años, quienes además, meterán la mano
al bolsillo de los colombianos a través de peajes.
Respecto
a lo anterior, la Contraloría, ha comentado que las vías 4G no producirán
ingresos financieros, por lo cual la venta de ISAGEN presionará adicionalmente
las finanzas del Estado, ya que una parte importante de dividendos de la
empresa se giraban a la nación. Esto redundará, adicionalmente, en un aumento
de tarifas de energía eléctrica, impuestos y recortes presupuéstales diferentes
a los de infraestructura vial, como lo venían alertando distintos sectores
sociales y que parecen confirmarse con las recientes declaraciones sobre una
nueva reforma tributaria y mensajes de austeridad por parte del gobierno.
Movilización
social para evitar la venta
El
diputado Jorge Gómez afirma que las “esperanzas de que la venta de ISAGEN se
caiga son todas, además porque hay varios antecedentes, por ejemplo, una acción
popular logró que Fernando Londoño devolviera las acciones de Invercolsa,
porque las había adquirido de una manera fraudulenta…hay que hacer un gran
esfuerzo por mantener la movilización, porque esta puede ser un gran elemento
de presión para que las cortes fallen a favor las acciones populares...yo
siempre recuerdo cuando nosotros estábamos al frente de una batalla contra el
cobro de valorización en la 76, en el barrio Belén, hace 16 años, allí se
interpuso una acción popular y los cobros ya iban muy adelante, ya la mitad de
la gente había pagado, había gente con cobros jurídicos, y se logró mantener,
cada 8 días, un mitin en el Tribunal Administrativo de Antioquia, este fue
apelado y se fue a Bogotá, allí se hizo mitin frente al Concejo de Estado, y a
finales del 2000 se logró un fallo final a favor, obligando al municipio de
Medellín a devolver los cobros. Para Oscar Vallejo, de SINTRAISAGEN, “el tema
de la venta de la empresa logró cierto nivel de conciencia en los ciudadanos, pero
también mostró que si nos juntamos podemos dar la pelea…hay un nivel de
indignación que hay que tratar de mantenerlo a través de los medios de
comunicación alternativos y otros canales…y en este momento la gente ya está
viendo las consecuencias de estas privatizaciones y vamos a tener que salir a
la calle para generar más movilización”.
