“ESTAMOS UNIDOS PARA LUCHAR Y NUESTRAS TIERRAS PODER TITULAR”

La Lucha por la Tierra en el Pacífico Colombiano

Por Carlos Gustavo Rengifo Arias

Públicado en el Periódico Periferia, Prensa Alternativa, N0 32, Agosto 15 - Septiembre 15 de 2008, Medellín. en: http://www.periferiaprensa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123:estamos-unidos-para-luchar-y-nuestras-tierras-poder-titular&catid=46:edicion-32&Itemid=60

En julio de este año mi amiga Paty (la india, como comúnmente le decimos algunos) me invitó a Cristianía (Antioquia), uno de los resguardos indígenas donde habitan los “hijos del Maíz” ó los Embera-Chami como se les conoce comúnmente. No sabía muy bien a qué iba. Paty me decía en el camino: “Caliche, vas a conocer a mi gente”, pero mi ignorancia respecto a cuestiones indígenas me puso a imaginar que estaría con aquellos indígenas parecidos a los que comúnmente encontramos en nuestras calles pidiendo una moneda, aquellos de vestidos bonitos y coloridos pero con alma entristecida del hambre y el sol. Y sin embargo, apenas llegamos al resguardo encontré a gente más bien parecida a campesinos, nada de trajes extraños, aunque sí hablaban un lenguaje del cual no entendía nada pero me daba la sensación de que las montañas, el cielo, los ríos y la naturaleza en su conjunto se hacían palabra hablada.

Poco tiempo después de bajarnos del auto llegó una gran Chiva o escalera, esos grandes y coloridos transportes propios de nuestros pueblos cafeteros. Allí venía mucha gente, negros, indios, blancos, que al encontrarse con la comisión de recepción Emberá comenzaron a hablar un lenguaje más comprensivo para mí: los abrazos y las risas, que se brindaban como fruta recién cosechada. Después de ver un pizarrón que colgaba de un muro entendí de qué se trataba el viaje: allí se realizaría un encuentro Inter-étnico, con la presencia de habitantes del Pacífico Colombiano que se encontraban para socializar el clima de persecución y violencia que viven los habitantes de esa región por parte de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes e incluso del ejército; y para elaborar estrategias de resistencia y de lucha.

No era este el primer encuentro. Ya antes se habían realizado otros cinco. Paty me decía mientras caía el sol: “Caliche, aquí hay indígenas Wuonan (habitan en el Chocó y una parte de Panamá), Eperara Sapidara, afros del río San Juan, del río Naya, Compañeros de Cupica, de San Joaquín, y los mayores del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca)…”. Y yo le respondía con un gesto comprensivo, como si mi conocimiento geográfico y étnico fuera amplio. Este encuentro hacía parte de una Escuela Afrocolombiana, Indígena y Campesina que viene creando estrategias para fortalecer los procesos organizativos de los habitantes del Pacífico Colombiano y para defender su territorio de la invasión de actores extraños a la región, porque los habitantes ancestrales de aquella zona están siendo asesinados y desplazados.

La masacre del rio Naya, una masacre anunciada y conocida por el gobierno.

El evento central del encuentro interétnico consistió en la socialización de la situación de destierro en el Pacífico Colombiano, un territorio que abarca los departamentos de El Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Uno de los asistentes comenzó a narrar que las relaciones interétnicas de los habitantes del pacífico colombiano (que ya existían a partir de 1989) fueron destrozadas por paramilitares en abril del 2001, cuando estos perpetraron una masacre en una de las más importantes y emblemáticas cuencas del pacífico colombiano, la del Rio Naya (que separa a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca); allí murieron más de 100 personas entre campesinos, indígenas y afros (antes de esta masacre habían sido asesinados a cuenta gota y arrojados al río Cauca cerca de 400 personas en seis meses a manos de los paramilitares. Y en el 2000 el E.L.N. había maltratado continuamente a la población y asesinado a Elías Trochez, gobernador del Alto Naya, bajo la acusación de colaborar con paramilitares).

Esta barbarie ocurrió aunque la defensoría del pueblo había lanzado durante esos seis meses diversas alertas al respecto. Lo que ha venido ocurriendo en la cuenca del río Naya y de igual manera en el resto del pacífico colombiano tiene que ver con un problema histórico colombiano: la tenencia de la tierra. Allí distintos grupos armados ilegales se han establecido para cambiar la vocación productiva de la región hacia el narcotráfico (en el caso de los grupos armados ilegales) y a partir de los 80´s una nueva élite empresarial (con recursos también del narcotráfico) se establecía deseosa de invertir en tierras, ganadería, proyectos agroindustriales, extracción de minerales y madera, camaroneras, pesqueras y otras industrias.

En relación al negocio del narcotráfico este se ha venido desplazando por las fumigaciones de las zonas tradicionalmente cocaleras (Caquetá, el Caguán, Putumayo, etc.) y viene subiendo por Nariño hasta el Chocó. Allí las Farc, los paramilitares y hasta el ejército tienen acorralados a los indígenas y afro descendientes de la zona. “Ya no se hace cacería como antes, -dice un indígena Wuonan-, no se pueden hacer los trabajos normales, se ven bajar los muertos por el río”. Lo mismo dice un afro descendiente: “entra el blanco de afuera y vienen por la coca, los que dirigen las lanchas son los del Caguán, pero nosotros somos los que ponemos los muertos”. Allí la situación es casi de esclavización: “el indígena que raspa se lo bebe todo en las cantinas, cuyos dueños son los mismos que cultivan la coca” -decía otro de los asistentes. La situación se complica porque el cultivo de coca está desplazando los cultivos de pan coger. “Las comunidades están dejando de sembrar comida, cuando llega la fumigación o los bloqueos alimenticios hay hambrunas en las comunidades”. Esto hace que los alimentos se tengan que traer casi en su totalidad de afuera a un elevado costo, llegando una libra de arroz a costar hasta 3.000 pesos.

Mega proyectos y Fuerza Pública.

Como se dijo más arriba, gracias a la gran riqueza del pacífico colombiano se vienen construyendo una serie de mega proyectos que no benefician directamente a sus poblaciones sino a algunas multinacionales. Como el proyecto Arquímedes, que pretende canalizar el río San Juan para unirlo con el río Atrato; la construcción de la carreta Malaguita, los estudios exploratorios por parte de Ecopetrol para la extracción de hidrocarburos sin consultas previas a las poblaciones y negando cualquier autoridad a estas; el cultivo de Palma Aceitera y la aplicación de ganadería extensiva.

En estas zonas se han construido bases navales para “proteger” los proyectos, pero en lo que se han convertido es en el principal obstáculo para la organización de las comunidades. Como dice uno de los habitantes del bajo Cauca: “a nosotros nos tratan como si fuéramos guerrilleros, cuando queremos recuperar a nuestros muertos no nos escoltan sino que nos catalogan de guerrillos; el ejército ha llegado hasta ocupar la escuela San Pedro Claver en el municipio de San Buenaventura y la ha tomado como una base militar”. Y esto a sabiendas de que lo prohíbe el Derecho Internacional Humanitario, lo que demuestra que la fuerza pública con connivencia del gobierno y de su presidente a la cabeza está dispuesto a violar la ley y los acuerdos internacionales para derrotar a la guerrilla (como ya lo hizo con la utilización del símbolo de la Cruz Roja en el rescate a los 15 rehenes).

El comportamiento del ejército hacia esas comunidades es prácticamente de acoso y persecución: “nos tratan de guerrilleros, nos hacen requisas continuas e innecesarias y hasta nos peluquean gratis, pero lo utilizan para interrogarnos”. La situación de lucha por el territorio ha llegado hasta el colmo de que los campesinos, los indígenas y los afro descendientes están peleando 300 mil hectáreas con el gobierno. “No nos quieren reconocer la propiedad sobre estas tierras, aunque las hemos habitado históricamente- dice uno de lo habitantes de la zona-. Se las quieren dar a la Universidad del Cauca para hacer Biocorredores”. Por último, en el Chocó se vienen explotando los recursos naturales de manera indiscriminada sin que la Corporación Autónoma del Chocó haga nada para controlarlo o evitarlo.

La situación del pacífico colombiano y el caso del río Naya fue socializado días después en la Universidad de Antioquia por parte de distintos colectivos de Derechos Humanos y en dicha presentación se evidenciaba algo escalofriante: la situación de destierro que allí se presenta no es producto de la guerra sino objetivo de esta. “En efecto, la urgente necesidad de “lavar” (legalizar) recursos económicos obtenidos del narcotráfico ha concurrido con el interés del Estado de modernizar el agro colombiano, propiciando las condiciones previas para llevar a cabo dicho proyecto. La invitación a los inversores, nacionales o externos, a invertir en modernos proyectos agroindustriales de alta rentabilidad (principalmente Biocombustibles), requiere un previo despeje (de población) de grandes extensiones de tierra para dichas inversiones”[1]. Esta situación reproduce y le da continuidad al conflicto colombiano por la tierra.

“No queremos morirnos a balazos sino morirnos de Viejos”.

A raíz de esta situación, en el 2003 se comenzaron a realizar las primeras reuniones para restablecer las relaciones entre las etnias del Naya y allí se llegó a una conclusión: las distintas comunidades debían ponerse de acuerdo alrededor de la defensa de un derecho común, y este era el territorio. La idea surgió de una hermosa reflexión de los indígenas Eperara Sapiaadara, para quienes el río Naya representaba “la Casa Grande” o la casa de ceremonias y entonces tenía que manejarse el territorio como si fuera esa casa grande. “Llegamos a la conclusión- decía uno de los asistentes- de que aunque éramos negros, indios y campesinos teníamos los mismos problemas y además nos unía el territorio”.

Se trataba entonces de construir unidad en la diversidad, “Kinishia Waubua” -como diría un indígena-, que significa “el pensamiento para pelear y defender”. Es decir, no podían permitir que existieran más divisiones entre las comunidades ya que tenían los mismos problemas. Consideraron importante entonces olvidar las diferencias culturales para ponerse de acuerdo en cómo vivir, y sobre todo cómo no dejarse sacar de sus tierras. De esta manera surgió la escuela Interétnica, como una estrategia para manejar el conflicto presente en el pacífico y para defender el territorio.

El acoso, persecución y aniquilación antes narrada configura una situación que puede configurarse de genocidio étnico y está destruyendo lentamente las distintas culturas presentes en el río Naya y el pacífico colombiano, ya que ha venido destruyendo paulatinamente las costumbres, la expresión, la lengua, la memoria, las prácticas tradicionales, los saberes etc., de los habitantes indígenas, afro-descendientes y campesinos de la región. Por eso la defensa del territorio no es solamente por la tierra, pues territorio significa sobre todo lo que se desarrolla en ella. De aquí la importancia de defender el territorio, ya que defenderlo es defender también la cultura de aquellas comunidades. La estrategia para no dejarse sacar de sus territorios ha sido exigir al gobierno la titulación de las tierras, ya que es esto – según ellos- lo que garantiza que no los desplacen y que puedan volver los que por temor a morir asesinados se han ido. Sin embargo, el gobierno colombiano se ha opuesto a esto y parece privilegiar otros intereses.
Vivir en paz y morir de viejos es lo que desean los habitantes del Pacífico Colombiano, un deseo que tenemos todos en cualquier lugar de Colombia.

“Estamos unidos para luchar y nuestras tierras poder titular,
estamos unidos para luchar y nuestras tierras poder titular,
Estamos cansados de tanta maldad
Y solo queremos vivir en paz…”

(Canto de afro descendientes del Rio Naya)

[1] Pacifico Colombiano, EL CASO DEL NAYA, 22 de julio de 2008, Universidad de Antioquia, Informe de IWGIA (Grupo Internacional Sobre Asuntos Indígenas) Y Jenzera Colectivo de Trabajo.