Por Carlos Gustavo Rengifo Arias.
(Publicado en el periódico Periferia, Prensa alternativa, Año 1, Nº 1, Nov-Dic 2004, Medellín)
Algunos Antecedentes Teóricos
El proceso de globalización no es nuevo, de hecho tiene que ver con la consolidación definitiva y global del modo de producción capitalista que ya Marx y Engels habían descrito en el manifiesto comunista. En él, los autores describían la forma en que la burguesía, mediante la explotación del mercado mundial, le daba un carácter cosmopolita a la producción, al consumo y le quitaba a la industria su base nacional. De igual manera, la competencia hacía que se destruyeran y suplantaran continuamente las antiguas industrias nacionales por industrias que ya no empleaban materias primas indígenas y cuyos productos no se consumían en su propio país, sino en todas las partes del globo. Las naciones y las regiones dejaban su aislamiento y su autarquía y se establecía un intercambio y una interdependencia universal entre las naciones.
También en materia intelectual operaba una mayor interdependencia. Así, de las distintas literaturas nacionales y locales se formaba una literatura universal e impulsada por el rápido desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios de comunicación, la burguesía terminaba arrastrando a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la corriente de la civilización, construyéndose un mundo a su imagen y semejanza. Por último, los pequeños industriales, comerciantes, rentistas, artesanos, campesinos y toda la clase media terminaban siendo arrastrados a la fila de los proletarios debido a su incapacidad de competir con el gran capital, y cuyos salarios se hacen cada vez más bajos y fluctuantes, fruto de la creciente competencia entre burgueses.
El capitalismo de hoy profundiza dicho proceso pero con un nuevo impulso dado por los últimos y acelerados cambios tecnológicos (microelectrónica, Internet, nuevos materiales, Biotecnología, etc), por la mayor facilidad con la que el capital productivo, comercial y financiero se mueven por el globo en busca de nuevas ganancias, y sobre todo, por la forma en que las transnacionales han reconfigurado el escenario económico, político y normativo a nivel mundial. Esto último es bastante importante, de hecho, el concepto de globalización aparece asociado en la literatura anglosajona de los 80´s al papel de las transnacionales en la economía mundial. Una primera definición (Théodore Lewit, 1983) asocia la globalización sólo con los intercambios internacionales y más específicamente con la gestión sobre una base mundial de las empresas transnacionales y su capacidad para implantarse en cualquier lugar del mundo y vender sus productos. Una segunda definición la hace Kenichi Ohmane(1990) para quien la globalización se refiere no tanto a la conquista de mercados por las empresas como a la aplicación de una estrategia y de una forma de gestión totalmente integradas a escala mundial. Una tercera, destaca el intento de las transnacionales de redefinir las reglas del sistema internacional a su favor, en detrimento de los Estados Nación.
Ninguna de estas definiciones es excluyente, de hecho todas constituyen la forma en que las transnacionales a través de su poder económico han reconfigurado el escenario económico y político mundial y en especial los espacios nacionales. Estos se caracterizaban por a) una moneda que es manejada por un banco central, b)un mercado interno, c) unas barreras político administrativas que obstaculizaban la movilidad de los factores de la producción y por último, d) la existencia de políticas de reglamentación e intervención que regulan la sociedad. De esta manera, una economía globalizada significaría un orden planetario en el cual no existirían estas cuatro dimensiones que permiten identificar los espacios nacionales.
El Destino De La Democracia Liberal
En este marco de ideas una de las preocupaciones esenciales con relación a la globalización tiene que ver con la capacidad de decisión y acción del Estado-Nación (soberanía) y por tanto de la validez del modelo democrático liberal. Recordemos que la democracia básicamente es un régimen político en donde los integrantes de la sociedad tienen el derecho a participar en las decisiones que los afectan. Pero en el modelo democrático que nos rige hoy (a diferencia de la democracia de los antiguos) las decisiones que afectan a la comunidad no la toman sus miembros como un todo, sino un subgrupo de representantes que, elegidos por el pueblo a través del voto, “defienden” sus intereses. Ahora bien, el modelo democrático liberal se desarrolla en el marco del Estado-Nación, es decir, que las decisiones se toman para una comunidad determinada en un territorio delimitado. Sin embargo, el escenario internacional hoy tiene como característica esencial el ser un espacio policéntrico, es decir, que la entrada de nuevos actores a la arena internacional ha terminado fragmentado el poder político. Como consecuencia de esto las decisiones políticas, económicas, ambientales, etc ya no se toman única y exclusivamente en el espacio del Estado (principio básico de soberanía) sino que la decisión política en el plano internacional comienza a ser presionada por distintos actores no Estatales de carácter supranacional como las Transnacionales, entidades multilaterales, instituciones financieras internacionales, organismos de seguridad internacional, etc., poniendo en jaque la autonomía decisoria de los Estados.
Este fue el marco resultante después de la segunda guerra mundial y del contexto de la guerra fría en donde Estados Unidos y sus aliados más cercanos lograron influir de manera importante en las agencias mundiales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, el FMI, el BM y la OMC. Estas instituciones han creado sus propios sistemas de reglamentación y de normas, lo que en la práctica significa que están creando derecho. Por esto el espacio internacional no es solamente un espacio policéntrico en el plano político, sino sobre todo en el normativo, disperso entre las instituciones y los organismos antes nombrados.
Sin embargo, no toda perdida de soberanía es per se perjudicial. Pocos podrían negar el gran beneficio que significaría el presionar a un país para que firme un tratado que pretende proteger los derechos humanos, o el que obliga a proteger el medio ambiente. No ocurre lo mismo en materia económica. Cuando organismos como el FMI, el BM, o la OMC obligan a un país a liberalizar sus mercados, a reducir su déficit fiscal, o a privatizar sus empresas estatales, estas decisiones pueden tener graves repercusiones sociales. Si bien los Estados aun siguen legislando en materia financiera, monetaria, tributaria, de seguridad social, laboral, etc., es innegable que ha disminuido su poder de intervención y están siendo obligados a tener más en cuenta el contexto económico y financiero internacional que sus propias presiones, expectativas y necesidades nacionales.
Como resultado de lo anterior, la democracia liberal, que está enmarcada en el espacio del Estado-nación y que tiene como principio básico que la comunidad nacional se gobierne a sí misma con libertad para determinar su propio rumbo y su propio futuro, queda obsoleta; no solo por la naturaleza sino por el alcance de las diversas interconexiones entre las organizaciones multiplicadas por el proceso de globalización. Surgen entonces cuestionamientos importantes frente a la eficacia y validez de la democracia, como por ejemplo: si muchas de las decisiones de transcendencia nacional(como por ejemplo el de liberalizar la economía, o el de hacer una reforma laboral o pensional) ya no son tomadas autónomamente por nuestros representantes sino que son imperativos de organismos supranacionales ¿Para qué votar?, ¿Para qué elegir y ser elegido?, ¿Para que militar en partidos, concurrir a elecciones y participar en el parlamento si el alcance del control de las decisiones en la esfera pública ha sido reducido por otros actores?, ¿Cómo recuperar el papel directivo del Estado, asegurándose la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de interés nacional? Y en general, ¿Podría seguir siendo la “participación” una condición necesaria de la legitimidad democrática, aun cuando cada vez somos menos dueños de las decisiones que nos afectan?
Con relación a la capacidad que están teniendo las empresas transnacionales para moldear la legislación a su antojo, existe algo bastante preocupante hoy. Es el hecho de que en aras de hacer el espacio nacional más atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED) sé está pretendiendo “flexibilizar” de manera dramática la legislación nacional en materia de salud, laboral, ambiental, mercantil, etc. Esto permite que la IED se mueva con mayor libertad en el escenario mundial. En los 70´s se dieron intentos para sujetar las empresas transnacionales a regulaciones tanto a escala global como nacional. En el ámbito global se pueden citar las discusiones sobre el “Código de Conducta de las Empresas Transnacionales” y el “Código Sobre transferencias de Tecnologías” que se dieron en la UNCTAD.
En lo nacional se puede nombrar los llamados “requisitos de desempeño”, mediante los cuales los países intentaban asegurar que las inversiones de dichas empresas tuvieran un efecto positivo sobre el empleo, la balanza comercial, la disponibilidad de divisas, los encadenamientos productivos, las transferencias de tecnología etc. El panorama comienza a cambiar en los 80´s no solo porque las normas comienzan a apuntar hacia la desregulación sino, además, porque comienza a haber una competencia entre gobiernos (principalmente de países atrasados) por atraer dichas empresas brindándoles mayores facilidades. Esto pudo verse en el contexto de la Ronda Uruguay del GATT (el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hoy OMC); aunque el tema de la IED no hacia parte de la agenda de discusión, fue introducida por iniciativa de EEUU bajo la forma de “Acuerdo Sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el comercio” (TRIMs) y en el “Acuerdo General Sobre el comercio de Servicios” (GATS).
El mismo sentido tenia los “Tratados Bilaterales de inversión” que proliferaron en 1997(que pasaron de 400 a 1330 con 162 países involucrados, incluyendo 31 de Latinoamérica y el Caribe) y que apuntaban a crear mejores condiciones de inversión para la contraparte. Por último, cabe nombrar el más ambicioso acuerdo como es el “Acuerdo Multilateral de Inversiones”(AMI, Singapur 1996), que sirve de modelo para los TLC que se están tratando de firmar hoy. El AMI recogía la esencia de los tratados anteriores pero iba mucho más lejos, al desplegar una serie de medidas en las cuales todos los derechos y las facilidades son para los inversionistas y todas las obligaciones y trabas para los gobiernos, veamos[1]:
- Una amplia definición del termino “inversión”, en la que se considera como tal a “todo tipo de activo que directa o indirectamente esté bajo el control o sea de propiedad de un inversionista”. Esto incluye empresas, acciones, títulos u otras formas de participación en una empresa, así como los derechos derivados de ello; bonos, préstamos, otras formas de deuda y los derechos derivados de ello; derechos derivados de un contrato; derechos de propiedad intelectual; cualquier otra propiedad tangible o intangible, móvil o inmueble, y cualquier derecho relacionado a esa propiedad, etc.
- El “Trato Nacional” y el “Trato de Nación más Favorecida” para los inversionistas extranjeros, lo que significa que cada uno de esos inversionistas recibirá un trato no menos favorable al de los nacionales y al de los demás inversionistas extranjeros.
- En el apartado de Protección de la inversión se específica que se deberá brindar “seguridad” y “protección completa y constante” a la IED y se establece que no se podrá “expropiar o nacionalizar directa o indirectamente una inversión” o “tomar alguna medida o medidas que tengan efectos equivalentes”, excepto para un propósito de interés público, pero para esto se tendrá que seguir una serie de reglas bastante largas, que incluye pagos e indemnizaciones a los afectados por parte de los Estados.
- El AMI y en especial el TLCAN (NAFTA) confieren a los inversionistas privados y a las transnacionales los mismos derechos y el mismo status legal que a los gobiernos soberanos, pudiendo las corporaciones llevarlas a juicio a un tribunal internacional si en su opinión consideran que la política (sea social o de cualquier tipo) implementada por el Estado afecta sus intereses.
- Una vez firmado el AMI, el país queda obligado a cumplirlo durante un lapso mínimo de 20 años, aún si durante ese lapso decide retirarse.
- En el apartado de “Requisitos de desempeño” del AMI no se le exige nada a la IED. Más bien en dicho apartado se deja claro que no se les exige desempeño alguno, enumerando detalladamente todo aquello en lo que no se les impondrá nada, con lo cual, como se decía más arriba, los regulados resultan ser no las transnacionales sino los gobiernos.
Por último, es necesario resaltar que la redacción y discusión de este acuerdo no se hizo con la participación de los 166 países(132 miembros y 34 observadores) que en su momento conformaban la OMC, sino solamente con los 29 países que conformaban la OCDE, que son a su vez los principales emisores-receptores de IED.
Los Resultados Indefendibles
La anterior legislación está permitiendo situaciones que rayan con el absurdo, como las que narra Daniel Samper Pizano en un artículo en donde denuncia el alcance que han tenido las transnacionales[2]. Entre los más escandalosos se encuentran la Genetic Technologies Ltd, de Australia, que patentó el ADN no codificado de todos los seres vivos, incluyendo los humanos. El caso de Monsanto que patentó en Europa una variedad de trigo tradicional de la india, que le da derechos exclusivos sobre la harina, la masa y hasta las galletas fabricadas con este trigo; y tal vez el caso mas asombroso lo constituye el hecho de que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual permitió que la Virgen de Guadalupe se convirtiera en marca registrada (durante diez años es derecho exclusivo de una compañía china), entre otros[3].
En los TLC’s bilaterales que está tratando de firmar EEUU con países como Colombia, Ecuador y Perú se han denunciado las exigencias que han hecho los negociadores americanos presionados por sus empresas transnacionales. Dentro de estas, se encuentra, por ejemplo, el deseo de las empresas farmacéuticas norteamericanas de eliminar y prohibir la producción de medicamentos genéricos y que permitiría el monopolio de estos por parte de empresas extranjeras, con su consabido efecto en el alza de los precios (que en el caso de Ecuador se incrementarían en un 90%). En materia de Propiedad Intelectual, las exigencias van desde permitir la patente sobre plantas y animales (que fue rechazado por Colombia) hasta poder patentar elementos propios de las comunidades. Las últimas exigencias han sido la eliminación de la franja de precios que protege los productos agrícolas de los países andinos y la privatización del sector de telecomunicaciones, entre otras exigencias.
Los elementos que se han enumerado aquí confirman que esta es una globalización del capital y para el gran capital. A pesar de que en los manuales de economía internacional se nos vende la idea de que los países que más han liberado sus economías son los que a su vez más han crecido y aumentado su bienestar, no ha resultado cierto, sobre todo para los países subdesarrollados. Estos han sido incapaces de insertarse de manera positiva en los rieles de la globalización. La globalización y la apertura de los mercados, lejos de beneficiar a los países Latinoamericanos, los está confinando definitivamente al subdesarrollo y ha traído como consecuencia que las desigualdades aumenten cada vez más, tanto entre países como al interior de estos. Los resultados negativos de la globalización no lo han podido negar ni siquiera los salvaguardas de la economía internacional como son el FMI y BM, ni tampoco los grandes empresarios. Así, el director de comunicación del Foro Económico Mundial realizado en Davos (Suiza), Charles McLean, reconocía que la globalización ha beneficiado fundamentalmente a los países ricos, mientras los pobres miraban desde los asientos de atrás[4].
El escenario que nos presenta la globalización se podría comparar con el de una locomotora económica, manejada por algunos cuantos países (y las instituciones económicas, militares y políticas que se han derivado de ellos) que a lo largo de la historia han logrado establecerse como hegemónicos y que se han autoproclamado como “vehículos tendedores de vías”, dispuestos a llevarnos (por cierto, sin ser invitados cordialmente sino a empujones) por la vía del progreso económico; arrastrando a los países de nuestra orbe y utilizando sus economías, sus recursos, sus conocimientos ancestrales, sus culturas y sus poblaciones como combustible, en beneficio de sus intereses particulares; Imponiéndoles el boleto, la silla y hasta el destino.
[1] Para una mejor comparación entre el AMI y el TLCAN véase: Estay Reino, Jaime. Globalización, empresas transnacionales y sociedad civil. En: Ensayos de Economía Vol. 9, N° 15, Abril de 1999, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Medellín.
[2] Samper Pizano, Daniel. Los premios del capitán garfio, lista negra de los más notables biopiratas y asaltantes de la biodiversidad. En: El Tiempo, miércoles 30 de junio de 2004, Bogotá, Pág. 1-13.
[3] El jagué, bebida ritual que utilizan distintas comunidades indígenas y que produce alucinaciones ya la podemos encontrar en cápsula. También el instrumento que utilizan los indígenas amazónicos para sacarle la leche venenosa de la yuca que consumen fue patentado por una empresa norteamericana.
[4] Duque E., Álvaro. Las Dos caras de la globalización. EN: El Tiempo, Jueves 25 de Enero del 2001, Bogotá, Pág. 2-2.
Algunos Antecedentes Teóricos
El proceso de globalización no es nuevo, de hecho tiene que ver con la consolidación definitiva y global del modo de producción capitalista que ya Marx y Engels habían descrito en el manifiesto comunista. En él, los autores describían la forma en que la burguesía, mediante la explotación del mercado mundial, le daba un carácter cosmopolita a la producción, al consumo y le quitaba a la industria su base nacional. De igual manera, la competencia hacía que se destruyeran y suplantaran continuamente las antiguas industrias nacionales por industrias que ya no empleaban materias primas indígenas y cuyos productos no se consumían en su propio país, sino en todas las partes del globo. Las naciones y las regiones dejaban su aislamiento y su autarquía y se establecía un intercambio y una interdependencia universal entre las naciones.
También en materia intelectual operaba una mayor interdependencia. Así, de las distintas literaturas nacionales y locales se formaba una literatura universal e impulsada por el rápido desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios de comunicación, la burguesía terminaba arrastrando a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la corriente de la civilización, construyéndose un mundo a su imagen y semejanza. Por último, los pequeños industriales, comerciantes, rentistas, artesanos, campesinos y toda la clase media terminaban siendo arrastrados a la fila de los proletarios debido a su incapacidad de competir con el gran capital, y cuyos salarios se hacen cada vez más bajos y fluctuantes, fruto de la creciente competencia entre burgueses.
El capitalismo de hoy profundiza dicho proceso pero con un nuevo impulso dado por los últimos y acelerados cambios tecnológicos (microelectrónica, Internet, nuevos materiales, Biotecnología, etc), por la mayor facilidad con la que el capital productivo, comercial y financiero se mueven por el globo en busca de nuevas ganancias, y sobre todo, por la forma en que las transnacionales han reconfigurado el escenario económico, político y normativo a nivel mundial. Esto último es bastante importante, de hecho, el concepto de globalización aparece asociado en la literatura anglosajona de los 80´s al papel de las transnacionales en la economía mundial. Una primera definición (Théodore Lewit, 1983) asocia la globalización sólo con los intercambios internacionales y más específicamente con la gestión sobre una base mundial de las empresas transnacionales y su capacidad para implantarse en cualquier lugar del mundo y vender sus productos. Una segunda definición la hace Kenichi Ohmane(1990) para quien la globalización se refiere no tanto a la conquista de mercados por las empresas como a la aplicación de una estrategia y de una forma de gestión totalmente integradas a escala mundial. Una tercera, destaca el intento de las transnacionales de redefinir las reglas del sistema internacional a su favor, en detrimento de los Estados Nación.
Ninguna de estas definiciones es excluyente, de hecho todas constituyen la forma en que las transnacionales a través de su poder económico han reconfigurado el escenario económico y político mundial y en especial los espacios nacionales. Estos se caracterizaban por a) una moneda que es manejada por un banco central, b)un mercado interno, c) unas barreras político administrativas que obstaculizaban la movilidad de los factores de la producción y por último, d) la existencia de políticas de reglamentación e intervención que regulan la sociedad. De esta manera, una economía globalizada significaría un orden planetario en el cual no existirían estas cuatro dimensiones que permiten identificar los espacios nacionales.
El Destino De La Democracia Liberal
En este marco de ideas una de las preocupaciones esenciales con relación a la globalización tiene que ver con la capacidad de decisión y acción del Estado-Nación (soberanía) y por tanto de la validez del modelo democrático liberal. Recordemos que la democracia básicamente es un régimen político en donde los integrantes de la sociedad tienen el derecho a participar en las decisiones que los afectan. Pero en el modelo democrático que nos rige hoy (a diferencia de la democracia de los antiguos) las decisiones que afectan a la comunidad no la toman sus miembros como un todo, sino un subgrupo de representantes que, elegidos por el pueblo a través del voto, “defienden” sus intereses. Ahora bien, el modelo democrático liberal se desarrolla en el marco del Estado-Nación, es decir, que las decisiones se toman para una comunidad determinada en un territorio delimitado. Sin embargo, el escenario internacional hoy tiene como característica esencial el ser un espacio policéntrico, es decir, que la entrada de nuevos actores a la arena internacional ha terminado fragmentado el poder político. Como consecuencia de esto las decisiones políticas, económicas, ambientales, etc ya no se toman única y exclusivamente en el espacio del Estado (principio básico de soberanía) sino que la decisión política en el plano internacional comienza a ser presionada por distintos actores no Estatales de carácter supranacional como las Transnacionales, entidades multilaterales, instituciones financieras internacionales, organismos de seguridad internacional, etc., poniendo en jaque la autonomía decisoria de los Estados.
Este fue el marco resultante después de la segunda guerra mundial y del contexto de la guerra fría en donde Estados Unidos y sus aliados más cercanos lograron influir de manera importante en las agencias mundiales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, el FMI, el BM y la OMC. Estas instituciones han creado sus propios sistemas de reglamentación y de normas, lo que en la práctica significa que están creando derecho. Por esto el espacio internacional no es solamente un espacio policéntrico en el plano político, sino sobre todo en el normativo, disperso entre las instituciones y los organismos antes nombrados.
Sin embargo, no toda perdida de soberanía es per se perjudicial. Pocos podrían negar el gran beneficio que significaría el presionar a un país para que firme un tratado que pretende proteger los derechos humanos, o el que obliga a proteger el medio ambiente. No ocurre lo mismo en materia económica. Cuando organismos como el FMI, el BM, o la OMC obligan a un país a liberalizar sus mercados, a reducir su déficit fiscal, o a privatizar sus empresas estatales, estas decisiones pueden tener graves repercusiones sociales. Si bien los Estados aun siguen legislando en materia financiera, monetaria, tributaria, de seguridad social, laboral, etc., es innegable que ha disminuido su poder de intervención y están siendo obligados a tener más en cuenta el contexto económico y financiero internacional que sus propias presiones, expectativas y necesidades nacionales.
Como resultado de lo anterior, la democracia liberal, que está enmarcada en el espacio del Estado-nación y que tiene como principio básico que la comunidad nacional se gobierne a sí misma con libertad para determinar su propio rumbo y su propio futuro, queda obsoleta; no solo por la naturaleza sino por el alcance de las diversas interconexiones entre las organizaciones multiplicadas por el proceso de globalización. Surgen entonces cuestionamientos importantes frente a la eficacia y validez de la democracia, como por ejemplo: si muchas de las decisiones de transcendencia nacional(como por ejemplo el de liberalizar la economía, o el de hacer una reforma laboral o pensional) ya no son tomadas autónomamente por nuestros representantes sino que son imperativos de organismos supranacionales ¿Para qué votar?, ¿Para qué elegir y ser elegido?, ¿Para que militar en partidos, concurrir a elecciones y participar en el parlamento si el alcance del control de las decisiones en la esfera pública ha sido reducido por otros actores?, ¿Cómo recuperar el papel directivo del Estado, asegurándose la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de interés nacional? Y en general, ¿Podría seguir siendo la “participación” una condición necesaria de la legitimidad democrática, aun cuando cada vez somos menos dueños de las decisiones que nos afectan?
Con relación a la capacidad que están teniendo las empresas transnacionales para moldear la legislación a su antojo, existe algo bastante preocupante hoy. Es el hecho de que en aras de hacer el espacio nacional más atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED) sé está pretendiendo “flexibilizar” de manera dramática la legislación nacional en materia de salud, laboral, ambiental, mercantil, etc. Esto permite que la IED se mueva con mayor libertad en el escenario mundial. En los 70´s se dieron intentos para sujetar las empresas transnacionales a regulaciones tanto a escala global como nacional. En el ámbito global se pueden citar las discusiones sobre el “Código de Conducta de las Empresas Transnacionales” y el “Código Sobre transferencias de Tecnologías” que se dieron en la UNCTAD.
En lo nacional se puede nombrar los llamados “requisitos de desempeño”, mediante los cuales los países intentaban asegurar que las inversiones de dichas empresas tuvieran un efecto positivo sobre el empleo, la balanza comercial, la disponibilidad de divisas, los encadenamientos productivos, las transferencias de tecnología etc. El panorama comienza a cambiar en los 80´s no solo porque las normas comienzan a apuntar hacia la desregulación sino, además, porque comienza a haber una competencia entre gobiernos (principalmente de países atrasados) por atraer dichas empresas brindándoles mayores facilidades. Esto pudo verse en el contexto de la Ronda Uruguay del GATT (el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hoy OMC); aunque el tema de la IED no hacia parte de la agenda de discusión, fue introducida por iniciativa de EEUU bajo la forma de “Acuerdo Sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el comercio” (TRIMs) y en el “Acuerdo General Sobre el comercio de Servicios” (GATS).
El mismo sentido tenia los “Tratados Bilaterales de inversión” que proliferaron en 1997(que pasaron de 400 a 1330 con 162 países involucrados, incluyendo 31 de Latinoamérica y el Caribe) y que apuntaban a crear mejores condiciones de inversión para la contraparte. Por último, cabe nombrar el más ambicioso acuerdo como es el “Acuerdo Multilateral de Inversiones”(AMI, Singapur 1996), que sirve de modelo para los TLC que se están tratando de firmar hoy. El AMI recogía la esencia de los tratados anteriores pero iba mucho más lejos, al desplegar una serie de medidas en las cuales todos los derechos y las facilidades son para los inversionistas y todas las obligaciones y trabas para los gobiernos, veamos[1]:
- Una amplia definición del termino “inversión”, en la que se considera como tal a “todo tipo de activo que directa o indirectamente esté bajo el control o sea de propiedad de un inversionista”. Esto incluye empresas, acciones, títulos u otras formas de participación en una empresa, así como los derechos derivados de ello; bonos, préstamos, otras formas de deuda y los derechos derivados de ello; derechos derivados de un contrato; derechos de propiedad intelectual; cualquier otra propiedad tangible o intangible, móvil o inmueble, y cualquier derecho relacionado a esa propiedad, etc.
- El “Trato Nacional” y el “Trato de Nación más Favorecida” para los inversionistas extranjeros, lo que significa que cada uno de esos inversionistas recibirá un trato no menos favorable al de los nacionales y al de los demás inversionistas extranjeros.
- En el apartado de Protección de la inversión se específica que se deberá brindar “seguridad” y “protección completa y constante” a la IED y se establece que no se podrá “expropiar o nacionalizar directa o indirectamente una inversión” o “tomar alguna medida o medidas que tengan efectos equivalentes”, excepto para un propósito de interés público, pero para esto se tendrá que seguir una serie de reglas bastante largas, que incluye pagos e indemnizaciones a los afectados por parte de los Estados.
- El AMI y en especial el TLCAN (NAFTA) confieren a los inversionistas privados y a las transnacionales los mismos derechos y el mismo status legal que a los gobiernos soberanos, pudiendo las corporaciones llevarlas a juicio a un tribunal internacional si en su opinión consideran que la política (sea social o de cualquier tipo) implementada por el Estado afecta sus intereses.
- Una vez firmado el AMI, el país queda obligado a cumplirlo durante un lapso mínimo de 20 años, aún si durante ese lapso decide retirarse.
- En el apartado de “Requisitos de desempeño” del AMI no se le exige nada a la IED. Más bien en dicho apartado se deja claro que no se les exige desempeño alguno, enumerando detalladamente todo aquello en lo que no se les impondrá nada, con lo cual, como se decía más arriba, los regulados resultan ser no las transnacionales sino los gobiernos.
Por último, es necesario resaltar que la redacción y discusión de este acuerdo no se hizo con la participación de los 166 países(132 miembros y 34 observadores) que en su momento conformaban la OMC, sino solamente con los 29 países que conformaban la OCDE, que son a su vez los principales emisores-receptores de IED.
Los Resultados Indefendibles
La anterior legislación está permitiendo situaciones que rayan con el absurdo, como las que narra Daniel Samper Pizano en un artículo en donde denuncia el alcance que han tenido las transnacionales[2]. Entre los más escandalosos se encuentran la Genetic Technologies Ltd, de Australia, que patentó el ADN no codificado de todos los seres vivos, incluyendo los humanos. El caso de Monsanto que patentó en Europa una variedad de trigo tradicional de la india, que le da derechos exclusivos sobre la harina, la masa y hasta las galletas fabricadas con este trigo; y tal vez el caso mas asombroso lo constituye el hecho de que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual permitió que la Virgen de Guadalupe se convirtiera en marca registrada (durante diez años es derecho exclusivo de una compañía china), entre otros[3].
En los TLC’s bilaterales que está tratando de firmar EEUU con países como Colombia, Ecuador y Perú se han denunciado las exigencias que han hecho los negociadores americanos presionados por sus empresas transnacionales. Dentro de estas, se encuentra, por ejemplo, el deseo de las empresas farmacéuticas norteamericanas de eliminar y prohibir la producción de medicamentos genéricos y que permitiría el monopolio de estos por parte de empresas extranjeras, con su consabido efecto en el alza de los precios (que en el caso de Ecuador se incrementarían en un 90%). En materia de Propiedad Intelectual, las exigencias van desde permitir la patente sobre plantas y animales (que fue rechazado por Colombia) hasta poder patentar elementos propios de las comunidades. Las últimas exigencias han sido la eliminación de la franja de precios que protege los productos agrícolas de los países andinos y la privatización del sector de telecomunicaciones, entre otras exigencias.
Los elementos que se han enumerado aquí confirman que esta es una globalización del capital y para el gran capital. A pesar de que en los manuales de economía internacional se nos vende la idea de que los países que más han liberado sus economías son los que a su vez más han crecido y aumentado su bienestar, no ha resultado cierto, sobre todo para los países subdesarrollados. Estos han sido incapaces de insertarse de manera positiva en los rieles de la globalización. La globalización y la apertura de los mercados, lejos de beneficiar a los países Latinoamericanos, los está confinando definitivamente al subdesarrollo y ha traído como consecuencia que las desigualdades aumenten cada vez más, tanto entre países como al interior de estos. Los resultados negativos de la globalización no lo han podido negar ni siquiera los salvaguardas de la economía internacional como son el FMI y BM, ni tampoco los grandes empresarios. Así, el director de comunicación del Foro Económico Mundial realizado en Davos (Suiza), Charles McLean, reconocía que la globalización ha beneficiado fundamentalmente a los países ricos, mientras los pobres miraban desde los asientos de atrás[4].
El escenario que nos presenta la globalización se podría comparar con el de una locomotora económica, manejada por algunos cuantos países (y las instituciones económicas, militares y políticas que se han derivado de ellos) que a lo largo de la historia han logrado establecerse como hegemónicos y que se han autoproclamado como “vehículos tendedores de vías”, dispuestos a llevarnos (por cierto, sin ser invitados cordialmente sino a empujones) por la vía del progreso económico; arrastrando a los países de nuestra orbe y utilizando sus economías, sus recursos, sus conocimientos ancestrales, sus culturas y sus poblaciones como combustible, en beneficio de sus intereses particulares; Imponiéndoles el boleto, la silla y hasta el destino.
[1] Para una mejor comparación entre el AMI y el TLCAN véase: Estay Reino, Jaime. Globalización, empresas transnacionales y sociedad civil. En: Ensayos de Economía Vol. 9, N° 15, Abril de 1999, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Medellín.
[2] Samper Pizano, Daniel. Los premios del capitán garfio, lista negra de los más notables biopiratas y asaltantes de la biodiversidad. En: El Tiempo, miércoles 30 de junio de 2004, Bogotá, Pág. 1-13.
[3] El jagué, bebida ritual que utilizan distintas comunidades indígenas y que produce alucinaciones ya la podemos encontrar en cápsula. También el instrumento que utilizan los indígenas amazónicos para sacarle la leche venenosa de la yuca que consumen fue patentado por una empresa norteamericana.
[4] Duque E., Álvaro. Las Dos caras de la globalización. EN: El Tiempo, Jueves 25 de Enero del 2001, Bogotá, Pág. 2-2.
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